Afectaciones en cadena: Detrás de cada máquina decomisada, hay un pequeño comercio al borde de la quiebra.
Ivette Sosa
En el teatro de la seguridad pública en México, nada resulta más rentable para la narrativa oficial que la fabricación de resultados inmediatos y visualmente contundentes. Clausurar una tiendita de barrio, confiscar herramientas de trabajo a comerciantes locales o montar espectaculares decomisos de máquinas recreativas, ofrece el espejismo perfecto de un Estado firme y vigilante. Sin embargo, detrás de la parafernalia mediática, la realidad es sensiblemente más cruda y desigual.
La reciente denuncia formulada por la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA A.C.), encabezada por su presidenta Araceli Gutiérrez Caballero, pone al descubierto una estrategia institucional que parece preferir el golpe fácil contra el microcomercio antes que el enfrentamiento frontal contra el crimen organizado de alto impacto.
Bajo la consigna de combatir la delincuencia, los recientes operativos han terminado por convertir a técnicos, operadores y pequeñas familias de barrio en las víctimas colaterales —y directas— de una apremiante necesidad gubernamental por inflar estadísticas de efectividad.
La caja de cristal del espectáculo gubernamental
Como señala con contundencia el posicionamiento de la UNAMA, resulta inverosímil que un sector que ha operado por décadas a la vista de vecinos, autoridades locales y clientes sea catalogado, de la noche a la mañana, como una amenaza a la seguridad.
Las máquinas de entretenimiento y juegos recreativos han formado parte del paisaje urbano y rural del país como una fuente de esparcimiento popular y, sobre todo, como un pilar de autoempleo para miles de familias que no encuentran acomodo en el mercado formal.
Convertir a estas microempresas en el “blanco fácil” de las fuerzas de orden revela una peligrosa perversión de las políticas de seguridad: la simulación presupuestal y operativa. Resulta infinitamente más sencillo golpear a quien tiene un domicilio fijo, paga servicios y carece de capacidad de respuesta armada, que desarticular a los verdaderos carteles que asolan regiones enteras del país.
El gobierno miente y lo hace con pleno conocimiento de causa… Calificar nuestra actividad histórica como un delito es un acto de discriminación y opresión institucional que busca criminalizar el derecho al trabajo lícito: Araceli Gutiérrez Caballero, Presidenta Nacional de UNAMA A.C.
Destrucción del patrimonio vs. Regulación transparente
Nadie apoya la ilegalidad ni el cobijo de actividades opacas. Sin embargo, el camino institucional maduro no es la criminalización sumaria ni la incautación desmedida de las herramientas de sustento familiar, sino la regularización clara, justa y concertada.
Cuando el Estado opta por el rodillo represivo sobre el diálogo formal, demuestra no solo incapacidad técnica, sino una profunda insensibilidad social.
Al arrebatar los equipos de trabajo sin un sustento técnico ni debido proceso, las autoridades vulneran de tajo el derecho al trabajo e incrementan la informalidad y la desesperanza económica en los sectores más vulnerables.
La exigencia de la UNAMA es legítima: Cese al acoso, revisión transparente de los operativos, devolución de las herramientas de trabajo decomisadas injustificadamente y la apertura de una mesa de diálogo que proteja la dignidad del trabajo popular.
Si el gobierno insiste en usar al pequeño comercio como chivo expiatorio para justificar partidas presupuestales de seguridad, el mensaje final hacia la ciudadanía será devastador:
Un Estado implacable contra los débiles e impotente frente a los verdaderos criminales.
