La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), participará en la inauguración del Ciclo de Conferencias: Ley de Migración, Política Migratoria y Retos Legislativos, que realizará la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a partir de este 5 de agosto.
El propósito es hacer un balance integral respecto del cumplimiento de los principios y directrices establecidos en la Ley de Migración a 10 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual permita analizar los aciertos y retos de la política migratoria del Estado mexicano.
La primera conferencia será en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la región sur-sureste. La segunda, en Chihuahua, Chihuahua, con el fin de cubrir la zona norte. La tercera, en Guanajuato, Guanajuato, para la parte centro-occidente, y una cuarta en la Ciudad de México con un enfoque nacional.
El desarrollo de las sociedades y la movilidad humana
Son procesos que históricamente se han encontrado inexorablemente ligados, en años recientes, y el tránsito de personas ha adquirido dimensiones y significados particulares, debido a factores como el crecimiento de la población en general, el incremento de la conectividad, el aumento de la desigualdad y el cambio climático, entre otros.
Actualmente, se indica, existen cerca de 281 millones de migrantes internacionales, que representan el 3.6 por ciento de la población mundial. Este inusitado aumento de la escala de migración hace necesario replantear el modo en que se entiende dicho fenómeno, así como los parámetros correctos sobre el tipo y nivel de intervención que los Estados pueden tener en la administración de estos flujos de personas.
Refiere que en mayo de 2021 se cumplieron 10 años de la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación, por lo que resulta relevante promover un proceso de reflexión en el que participen dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno que estén directa o indirectamente vinculadas con la implementación y aplicación.
Así como académicos, sociedad civil, sector privado, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales, Poder Legislativo, Poder Judicial y defensores de derechos humanos, entre otros actores.
