La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República.
El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Hoy se materializa la suspensión de derechos
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Lidia García Anaya (Morena) señaló que desde 2021, la iniciativa 3 de 3 fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.
Mencionó que, si las personas, padres o madres fueran responsables con sus hijos, estos artículos no tendrían que existir; hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos.
Este día, añadió, se deja sentado un avance histórico en materia legal, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo o comisión del servicio público en los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos.
Cero tolerancia a la violencia de género
En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) reconoció el trabajo coordinado y solidario de diputadas de todos los grupos parlamentarios que durante años construimos esta iniciativa de igualdad sustantiva y cuyo objetivo es avanzar en los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Aclaró que la reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, es decir al momento de pretender participar como candidata o candidato a ocupar un cargo en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres. El mensaje es: cero tolerancia a la violencia de género.
Un violentador es un delincuente
Por el PAN, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres consideró que un violentador, es un delincuente y, a ellos se les sanciona no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, dijo, debemos impulsar cambios cualitativos en la manera de hacer política y gobernar, así como evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.
Resaltó que están obligadas a generar nuevas formas de gobernar, ya que hoy la política y el servicio público necesitan ser dignificados, regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública. Es urgente reivindicar a la política y ser representados por personas con firmes convicciones. Ningún agresor más en el poder.
Desterrar causas que dan origen a la violencia
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expuso que se busca evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado.
No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar, puntualizó.
Certeza a las víctimas de violencia de género
Del PVEM, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz destacó que las reformas otorgarán certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con las agresiones en contra de las mujeres.
Una de las más graves es la que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayores dificultades reales para allegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer sus necesidades básicas, arguyó.
Ana Laura Huerta Valdovinos, diputada del PVEM, refirió que, a pesar de los esfuerzos, las mujeres siguen padeciendo violencia en todos los ámbitos de su vida.
No debemos permitir que quienes aspiren a ocupar un cargo de representación popular sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimentarios.
No más violentadores
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, expresó que el objetivo es evitar que un violentador o violentadora ocupen un cargo público o de elección popular. No es una reforma constitucional en contra de los hombres, sino en contra de quienes atentan de manera intencional contra la vida y la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexual.
La diputada del PT, María Rosete Sánchez, alzó la voz por las mujeres que hoy en día viven en silencio, las que callan por miedo y son coaccionadas por un macho atrás del espacio de representación que de manera legítima ostentan.
Hoy la casa del pueblo de México dice: ningún deudor alimentario, ningún violentador familiar ni sexual o de género en espacios de representación. Nunca más un agresor en el poder ni en el servicio público.
Ningún violentador en el poder
El diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD) afirmó que su grupo parlamentario está convencido de que quien es capaz de violentar a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ni debe ocupar cargo alguno en el gobierno, ni tampoco puede participar en la toma de decisiones que afectan al país, porque si una persona “es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, no podrá cumplir con la sociedad y con su país ninguna responsabilidad encomendada”.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) resaltó que con la reforma se suspenderán los derechos para ocupar un cargo público, ya sea candidato o servidor público, a las personas agresoras con sentencia firme o deudores alimentarios.
Se visibiliza la urgencia de un cambio de paradigma para la construcción de un país que las mujeres y niñas queremos y también merecemos. Hoy decimos fuerte y claro: ningún violentador llegará al poder.