Justicia fiscal para el bienestar emocional
Ivette Sosa
Con el objetivo de derribar las barreras económicas que impiden el acceso a la salud mental, la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) presentó una iniciativa para exentar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios profesionales de psicología en el país.
La propuesta busca reformar la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del IVA, exigiendo como único requisito que quien preste el servicio, cuente con título de licenciatura en la materia.
Según la legisladora, esta medida es un paso urgente para cumplir con el derecho constitucional a la protección de la salud y garantizar el bienestar físico y mental de la población, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes.
Un trato fiscal desigual e injusto
La fundamentación de la iniciativa expone una clara contradicción en la legislación actual: Mientras que las consultas de medicina y psiquiatría están exentas de IVA por requerir un título médico, la consulta psicológica de salud arrastra un cargo del 16%.
Se trata de dos disciplinas que atienden la misma salud, la mental, y que, no obstante, reciben un trato fiscal radicalmente desigual. Esa distinción carece de toda razonabilidad sanitaria, subrayó Rejón Lara.
La diputada recordó que la psicología clínica está estrictamente regulada por el Estado, exige cédula profesional y funciona como la primera línea de defensa contra la ansiedad, la depresión y las adicciones.
La urgencia: Frenar la crisis de suicidios
El argumento más contundente de la propuesta radica en el costo humano de la falta de atención. La legisladora alertó que la terapia oportuna no es un lujo, sino una emergencia médica.
Como reflejo de la gravedad de la crisis, detalló que tan solo en 2024, 727 menores de entre 10 y 17 años se quitaron la vida en México, una tendencia trágica que se ha duplicado en lo que va del siglo.
Añadió que para estudiantes, trabajadores informales o jóvenes que inician su vida laboral, el 16% adicional del impuesto se convierte en la frontera entre buscar ayuda profesional o resignarse a sufrir en silencio.
La iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, asegura que el impacto en la recaudación del Estado sería mínimo en comparación con el enorme costo humano y presupuestal que genera la inacción institucional.
En resumen, el proyecto persigue tres metas clave:
- Justicia fiscal: Terminar con la discriminación arbitraria entre ramas de la salud.
- Accesibilidad: Reducir de inmediato el costo de los servicios terapéuticos privados.
- Prevención: Facilitar el acceso a las juventudes para alejarlas de las adicciones y contener los trastornos que llevan al suicidio.