La Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), presentó el informe de relatoría de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, en las que participaron asociaciones civiles, autoridades federales y empresarios, con el objetivo central de avanzar hacia una reforma a la Ley General de Movilidad.
El informe presentado por la Comisión sintetiza los hallazgos de cinco mesas de trabajo realizadas ante el crecimiento del uso de motocicletas y su alta participación en siniestros viales, los cuales resultan más letales.
Urgen fortalecer la educación vial, mejorar la capacitación y licencias, armonizar la normativa y reconocer a las personas motociclistas como usuarias vulnerables. Asimismo, plantea impulsar infraestructura segura, mejores sistemas de información y una regulación integral basada en la corresponsabilidad, no en la criminalización.
Se concluye que no se trata de un problema individual, sino estructural
Relacionado con fallas en infraestructura, capacitación, regulación, datos y cultura vial, además de la persistente estigmatización hacia las personas motociclistas.
La diputada Mercado Castro destacó que el propósito es construir dicha ley de manera participativa, evitando posturas estigmatizantes o punitivas. Señaló que este proceso se basa en coincidencias y acuerdos, prioriza soluciones encaminadas a atender el crecimiento de la micromovilidad y el uso de motocicletas como fenómenos que están transformando la dinámica urbana en el país.
En tanto, Nancy Aracely Olguín Díaz, legisladora del PAN, resaltó que el crecimiento del uso de motocicletas, especialmente tras la pandemia, responde a las deficiencias del transporte público y ha incrementado la vulnerabilidad de sus usuarios.
Impulsar políticas públicas coordinadas y acciones como la creación de escuelas de manejo gratuitas y el uso de equipo de protección, contribuyen a mejorar la capacitación y reducir accidentes, anotó.
La directora de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Paola Andrea Gómez Martínez, resaltó que el usuario más vulnerable en accidentes de tránsito es el motociclista y las muertes en este vehículo han ido en aumento, por lo que Sedatu tiene la responsabilidad de dar soluciones integrales visualizando las causas, así como herramientas para la seguridad de este sector.
El director de Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, Raúl Octavio Martínez, subrayó la importancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencias, datos y buenas prácticas internacionales, priorizando siempre la protección de las personas usuarias más vulnerables de la vía, porque la seguridad vial es un tema intersectorial que requiere coordinación.
Por su parte, representantes de organizaciones de la sociedad civil señalaron que las motocicletas son un medio de movilidad estratégico y en crecimiento, que requiere políticas públicas alineadas con estándares internacionales, enfocadas en capacitación, cultura vial e infraestructura segura.
También destacaron iniciativas como la creación del Instituto de Inclusión para la Seguridad Vial, orientado a un banco de prótesis y un laboratorio de pruebas para cascos, como parte de una estrategia integral de prevención y atención.
Recalcaron la necesidad de fortalecer la capacitación para reducir accidentes, mejorar la legislación en movilidad y establecer auditorías viales obligatorias en todos los niveles de gobierno.
Entre las asociaciones, estuvieron presentes Motociclistas Unidos de la Ciudad de México y Área Metropolitana (MUCMAM), Alianza Nacional por la Seguridad Vial, Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, Conductores Libres y Responsables de la Ciudad de México y Área Metropolitana, Comité Motor Nacional, Comité Motor CDMX y Motoclub Dorado.