Plazo máximo de 10 días o procede tu queja: Impulsan ley para obligar a CFE a responder a usuarios
Ivette Sosa
Hacer filas interminables, reportar fallas en canales digitales sin obtener solución o esperar meses por una aclaración de cobro excesivo, dejará de ser el calvario diario de los mexicanos.
Con el objetivo de empoderar a los ciudadanos frente a la burocracia energética, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico.
La propuesta fija una obligación inédita: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles para dar una respuesta fundada y motivada a cualquier trámite, queja o gestión ciudadana.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Energía para su análisis, introduce una figura jurídica conocida como la presunción de procedencia (afirmativa ficta).
Esto significa que si la CFE no emite una respuesta por escrito o vía electrónica dentro de los 10 días señalados, la solicitud del usuario se considerará aprobada en automático, siempre y cuando no contravenga normas técnicas o legales aplicables, obligando a la empresa productiva del Estado a resolver el problema de forma inmediata.
El engaño de los múltiples canales de atención
En su exposición de motivos, el legislador Márquez Becerra argumentó que, si bien la CFE cuenta con aplicaciones, centros de atención y líneas telefónicas, estos canales están diseñados únicamente para recibir reportes, operando bajo un vacío normativo que les permite archivar las solicitudes por tiempo indeterminado.
Esta ausencia de plazos máximos legales destruye la confianza institucional, genera incertidumbre jurídica y prolonga fallas energéticas que afectan directamente la economía de los hogares y comercios.
La gravedad del problema queda al descubierto con datos duros extraídos del Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco):
En el periodo de 2021 a 2025, la CFE acumuló la alarmante cifra de 37 mil quejas formales. Los principales motivos de denuncia son recurrentes: Errores flagrantes de cálculo en el consumo, cobros extraordinarios e injustificados, y una constante negativa por parte de la empresa para corregir los cargos indebidos en los recibos de luz.
Hacia una cultura de transparencia y eficiencia
La reforma contempla excepciones específicas para casos de alta complejidad técnica. Si un trámite requiere más tiempo debido a su naturaleza estructural, la CFE estará obligada a notificar formalmente al usuario dentro de los primeros 10 días, justificando detalladamente la prórroga.
Sin embargo, este plazo definitivo de gracia nunca podrá exceder los 20 días hábiles. Asimismo, se mandata la creación de plataformas transparentes de trazabilidad para que los ciudadanos consulten en tiempo real el estatus de su gestión.
El proyecto concluye recordando que la energía eléctrica es un servicio estratégico e indispensable para el desarrollo humano, económico y social de México.
Por ello, la CFE, al administrar recursos públicos, está obligada a cumplir con la simplificación administrativa. La propuesta del PAN no busca entorpecer la operación de la paraestatal, sino equilibrar la balanza de poder, colocando en el centro el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir servicios públicos eficientes, oportunos y con total seguridad jurídica.