Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos transitorios de siete leyes y del Código Fiscal de la Federación en materia de subcontratación laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del presente año, para ampliar los plazos hasta el 1 de septiembre próximo que permitan a las empresas concluir con los trámites que conllevan las obligaciones derivadas de esa reforma.
En reunión semipresencial, las y los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron, en lo general y en lo particular, el dictamen con 19 votos a favor y siete en contra; y de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, con 26 en pro y tres en contra.
Las reformas son a los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Impuesto Sobre la Renta.
Asimismo, del Impuesto al Valor Agregado, de la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, y Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política y del Código Fiscal de Federación, en materia de subcontratación laboral.
Continuar con las violaciones de derechos laborales
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), dio lectura al acuerdo, que previamente avaló la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para incluir en el quinto considerando, “que múltiples empresas han demostrado la voluntad de cumplir con las reformas y han expresado la necesidad de contar con un plazo mayor para cumplir con las obligaciones establecidas”.
Refirió que las comisiones dictaminadoras consideran que ampliar el plazo hasta enero de 2022 iría en contra del espíritu del decreto publicado el 23 de abril de 2021, pues ello significaría dar cabida a continuar con las violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden eliminar.
Empero, se consideró adecuado ampliar los plazos referidos con el propósito de generar condiciones fácticas propicias tendentes al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico vigente.
Margarita García García, legisladora del PT, señaló que es de vital importancia que las empresas cumplan con las obligaciones marcadas en la ley, que regularicen a sus trabajadores para que tengan acceso a las condiciones y servicios mínimos que marca la ley.
Las empresas deben respetar las condiciones, los empresarios estaban de acuerdo con los plazos; sin embargo, hoy debemos ampliar los tiempos para que no incumplan con la ley y sean sancionados.
Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) manifestó estar en contra del dictamen por considerar que el tiempo de un mes no es suficiente. Le dimos al Gobierno un año, no podemos hablar de forma general del incumplimiento de las empresas, entonces dónde están las instituciones de gobierno como la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, Infonavit, para que hagan su trabajo, aseveró.
Antonio Ortega Martínez, del PRD, refirió la imposibilidad de que las empresas cumplan en un mes con los requisitos que se les exigen, más si no están regularizadas, sobre todo porque con la pandemia las oficinas tributarias trabajan al 50 por ciento de su capacidad y el Sistema de Registro de Subcontratación está colapsado, en mantenimiento y sin servicio.
No hay fuentes de trabajo
El legislador panista José Isabel Trejo Reyes, destacó la importancia de establecer condiciones para que se cumpla la ley, sobre todo conservar los empleos. Consideró que los plazos propuestos son razonables. La realidad y circunstancias de la pandemia no dieron los tiempos para que las oficinas de gobierno y empresas cumplieran con la reestructuración y tengan tiempo suficiente para presentar los trámites.
El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) expresó que en un solo mes no se resolverá el problema para dar cumplimiento a todos los requisitos que piden las distintas dependencias del Gobierno Federal y los trámites.
No solamente porque lo pongamos en una ley se va a poder cumplir el requisito que se está poniendo, arguyó.
Aleida Alavez Ruiz, de Morena, señaló que están siendo responsables al ampliar un mes más el plazo para que el sector patronal pueda ajustar sus esquemas jurídicos y fiscales para evitar que incurran en omisiones e infracciones a la ley y a los derechos de los trabajadores.
Finalmente, el priísta Carlos Pavón Campos sostuvo que no hay fuentes de trabajo debido a que con la pandemia se perdieron muchos empleos.
Reflexionemos hacia un bienestar de México y que haya empleo para todos y tengan un ingreso y llevarlo a sus casas, ya que mucha gente tiene que salir fuera de su estado a buscar empleo.