La Comisión de Igualdad de Género aprobó dos dictámenes, a fin de garantizar que a las mujeres víctimas de violencia sexual se les realicen estudios de detección de enfermedades de transmisión sexual y ampliar la definición de violencia digital al incluir el término sextorsión.
Realizar estudios clínicos por agresión sexual
Con 28 votos a favor se aprobó el dictamen que adiciona el artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que a las víctimas de estas agresiones se les realicen estudios clínicos que corroboren o descarten alguna enfermedad de transmisión y, en caso de presentarla, se le brinde el tratamiento adecuado.
La promovente del dictamen, la diputada María Rosete Sánchez (PT) agradeció la sensibilidad de esta Comisión por luchar y construir productos legislativos que eviten más mujer seas violentadas.
Definir la sextorsión
El segundo dictamen, aprobado por 31 votos, plantea adicionar un párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de una iniciativa presentada por los legisladores Wilbert Alberto Batún Chulim, Julieta Vences Valencia y Alma Anahí González Hernández, integrantes del grupo parlamentario de Morena.
La diputada Vences Valencia expuso que este dictamen tiene como objeto ampliar el concepto de violencia digital, a la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer de exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo.
Dijo que con esta reforma se evitará que las mujeres sean víctimas de que difundan, exhiban o comercialicen imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización con el objetivo de tener un beneficio.
La ONU define como sextorsión
A la actividad que supone el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas que tiene de la afectada.
Tal iniciativa ayudará a que haya un marco normativo que dé mayor protección a las mujeres ante delitos cibernéticos que se dan con el uso de las tecnologías.