La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del grupo parlamentario del PRI, planteó una iniciativa que reforma el artículo 248 bis del Código Penal Federal, con el objetivo de combatir y castigar las denuncias falsas, dando un paso no solo en la impartición de justicia, sino también en la consolidación de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.
La modificación agrega a dicho precepto: A cualquier persona que denuncie actos que no hayan sido perpetrados y existan pruebas fehacientes de la falsedad de los dichos, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.
La iniciativa, girada a la Comisión de Justicia, subraya que es necesario tipificar de manera expresa el delito de denuncia falsa, diferenciándolo de la simple falsedad de declaraciones, e incluir sanciones adecuadas que disuadan este tipo de conductas sin afectar el derecho legítimo de denunciar cuando existen hechos reales.
La denuncia, mecanismo esencial de la justicia
Permite a las víctimas de delitos la posibilidad de obtener justicia y garantiza la persecución de conductas ilícitas. Sin embargo, cuando este instrumento es utilizado de manera irresponsable para realizar denuncias falsas, se genera un problema de doble impacto.
Por un lado, se mal emplean recursos de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia y, por otro, se vulneran los derechos de quienes son acusados injustamente, advierte.
Algunas personas utilizan la denuncia como un medio de venganza, extorsión o manipulación
Ello, asevera la legisladora, debe ser sancionado para evitar que la justicia sea usada con multas ajenos a su propósito legítimo.
Aclara que, si bien el Código Penal Federal ya considera la falsedad en declaraciones en los artículos 247 y 247 Bis, actualmente no se regula de manera específica la presentación de denuncias falsas ante el Ministerio Público u otras instancias judiciales, lo que genera un vacío legal que permite la impunidad de quienes abusan del sistema de justicia.
Por ello, la necesidad de reformar el Código, para establecer sanciones claras y proporcionales a quienes realicen denuncias falsas, sin distinción de género, lo que permitirá garantizar el uso legítimo del sistema de justicia y protegerá los derechos tanto de las víctimas reales como de quienes puedan ser falsamente acusados.
