Al continuar el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, diputadas, especialistas, magistrados e investigadores manifestaron sus opiniones, propuestas y puntos de vista respecto al Lavado de dinero y recuperación de activos.
Mireya Valverde Okón, directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que, a pesar de los avances, aún está pendiente subsanar las deficiencias relacionadas con actividades vulnerables, llamadas actividades y profesiones no financieras, por lo que se propone reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de reforzar el régimen de prevención aplicable.
Es adicionar a la ley el tema de financiamiento al terrorismo, arguyó.
Anselmo Mauro Jiménez Cruz, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, dijo que la delincuencia organizada es una organización de tres o más personas que tiene como finalidad realizar de forma permanente o reiterada la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alberto Nava, investigador del INACIPE, comentó que la revisión de un código penal único es una oportunidad para saber en dónde se está parado en cuestión de lavado de dinero; asimismo, que la siguiente Legislatura tenga la sensibilidad para retomar el tema del código penal único.
Orbelín Pérez Flores, director de análisis de riesgos en GPL Abogados, dijo que la próxima Legislatura tiene que ser muy sensible de algo que ha ocurrido en los últimos años, y ha sido el pronunciado potencial del avance tecnológico que nos permite enfrentar de una manera distinta la lucha contra el lavado de dinero.
Una de las principales fallas estructurales en todo el sistema es la concepción inadecuada que se tiene al momento de los riesgos que representa el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Jorge Alberto Lara Rivera, presidente del Consejo del Colegio de Abogados Humanistas, indicó que es momento de darle centralidad institucional a la prevención y combate al lavado y recuperación de activos como política de Estado que tenga el atributo del control democrático y legitimidad.
