La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), se reunió con el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella Castell, para conocer el panorama de los temas que atañen a esta instancia legislativa y plantear políticas públicas específicas.
El legislador de Bancada Naranja, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, destacó la necesidad de que el Inegi formule estudios periódicos que analicen las condiciones en que las juventudes se desarrollan.
Por Morena, la diputada Lidia Pérez Bárcenas comentó que se debe estudiar la posibilidad de que en el ámbito municipal exista la obligación de tener estadísticas y se homologue esa información con la del Inegi, a fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.
De MC, la diputada Amalia Dolores García Medina comentó que, dada la trascendencia del Inegi, es fundamental que tenga recursos suficientes, además de destinar montos complementarios para las encuestas del uso del tiempo y las tareas de cuidados, ya que ello contribuiría a avanzar en la construcción de marcos jurídicos en la materia.
Política Anticorrupción
Por su parte, Julio Santaella Castell, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, puntualizó que el organismo tiene un esquema integral que abarca los tres órdenes de gobierno, lo que le favorece el diagnóstico de las acciones que las distintas instituciones del Estado realizan en materia de control interno y política anticorrupción.
Detalló que mediante censos y encuestas la ciudadanía ha resaltado que los actos de corrupción se dieron al estar en contacto con autoridades de seguridad pública; en segundo lugar, trámites ante el Ministerio Público; en tercer sitio, papeleo de servicios públicos.
Añadió que además de los censos, el Inegi levanta encuestas que abordan temáticas relacionadas con anticorrupción, como las relativas a la Calidad e Impacto Gubernamental y la de la Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, que indagan sobre la relación entre las personas con distintas instituciones de gobierno y solicitudes de servicios.
También habló de las encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Nacional de Victimización de Empresas, que tienen un aspecto más amplio del fenómeno del crimen y la victimización que sufren las personas físicas y morales en distintas modalidades, así como su interacción con la seguridad pública.
Precisó que las denuncias recibidas por incumplimiento de obligaciones de servidores públicos en 2020 llegaron a 50 mil 676. Se realizaron mediante oficios, sitio web, oficinas, buzones y números telefónicos especializados en atención ciudadana.
Anotó que los reportes refieren que en el 2020 se iniciaron 40 mil 704 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas de servidores públicos.
En lo que se refiere a las encuestas de impacto gubernamental
El 62.1 por ciento de la población mayor de 18 años señaló que existe corrupción, no obstante, sólo el 5.1 por ciento del total de los encuestados tuvo una experiencia en ese tema.
Santaella Castell afirmó que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo contempla para el Inegi 11 mil 115 millones de pesos. De ese total, ocho mil 415 millones son para el programa regular, es decir, las actividades ordinarias para la elaboración y difusión de toda la información estadística y geográfica.
