Por mayoría, la Comisión de Marina, presidida por el legislador morenista, Jaime Martínez López, estableció un punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que informe a la Cámara de Diputados sobre los casos que se han denunciado como hechos posiblemente constitutivos de delito ocurridos en las instalaciones de la Sonda de Campeche y en las embarcaciones que les brindan servicios, así como las acciones que ha realizado para prevenir estos actos.
El diputado del PVEM, Javier Joaquín López Casarín, propuso remitir este informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores para robustecer la demanda que, en nombre del gobierno de México, se hizo a los productores de armas, y que en su defensa han señalado que no hay un agravio directo a nuestro país.
Refirió que vamos a iniciar un proceso jurídico importante, donde la mayor cantidad de pruebas que se tengan contribuirán a sustentar dicha demanda y ejemplificar los daños que esas armas, que entran a nuestro país de manera ilegal y que son comercializadas, la gran mayoría, en los Estados Unidos, sí generan daños concretos y directos al gobierno de México.
Tráfico ilegal de armas
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) se sumó a dicha propuesta, porque se ha comprobado que la gran cantidad de armas que ingresan al país de manera ilegal, vienen del extranjero.
Concuerdo -dijo-, que compartir esta información serviría para robustecer la argumentación de la Cancillería y el gobierno mexicano, porque mientras más pruebas se presenten en materia de derecho internacional, se puede abonar a que el tráfico ilegal de armas y, que seguramente, la piratería que ejercen en las costas del país lo hacen con armas extranjeras.
Por MC, el diputado Salvador Caro Cabrera consideró que el propósito es sumamente positivo, por lo que se sumó a la propuesta. Llamó a contribuir con la Cancillería a partir del trabajo de las comisiones de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública para articular un esfuerzo, a fin de que la Cámara de Diputados tenga una respuesta sistemática y contribuir a ese objetivo.
Se necesitan acciones duras por parte de todas las instituciones, con una política transversal muy enérgica para contener la entrada de armas y revisar la legislación, porque con el nuevo sistema penal se consideró que portar un arma era casi una inocentada y las consecuencias las padecen todos los mexicanos, argumentó.
