Las comisiones de Seguridad Ciudadana, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), presentaron la Segunda Encuesta Mexicana sobre Posesión, Uso y Opinión sobre las Armas de Fuego.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), consideró importante la demanda iniciada por la Cancillería, porque las armas no solo abarcan el tema de delincuencia organizada, sino de venta irregular e indiscriminada de estos artefactos, sin control.
La demanda, dijo, trasciende la salvaguarda nacional, la integridad y la seguridad interior y pública del país” y manifestó su apoyo para darle seguimiento puntual.
El legislador Carlos Iriarte Mercado (PRI) se pronunció por fortalecer el marco legal para que estas actividades y acciones se desarrollen en beneficio de la sociedad.
Dijo que el derecho de la posesión de armas en Estados Unidos ha tenido implicaciones en México y contribuido a que en muchas regiones y ciudades, signifique la pérdida de vidas, pues entre 60 y 70 por ciento de las armas decomisadas en México viene de ese país y su venta ilegal estuvo detrás de 17 mil muertes en 2019.
Refirió que el Gobierno busca una indemnización que está en debate y recientemente se supo de su incorporación al debate jurídico en aquella nación. Pidió sensibilidad sobre las implicaciones que tiene el uso y manejo de las armas de fuego, las características del país vecino y las de México particularmente en el contexto que se vive.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, manifestó que es necesaria la sensibilización de la sociedad sobre el uso de armas de fuego y que este es un esfuerzo para fortalecer los mensajes, la participación y la comunicación sobre este tema.
Destacó la importancia del tema por la agenda de la Cancillería en contra del tráfico ilícito que procede de otros países y de los fabricantes. Explicó que por las fronteras de México pasan ilegalmente 200 mil armas cada año y las que corresponden a uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, han incrementado el poder de organizaciones criminales.
Precisó que eso representa “enormes ganancias” para compañías productoras y distribuidoras y se han considerado como prácticas irresponsables o negligentes el no hacerse cargo en esta cadena de suministro de armas ilegales.
Panorama preocupante
Hernán Salgado Silva, jefe de oficina del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que es prioritario construir una base de datos única, porque hay armas oficiales, hay de tráfico ilícito y hay las que se encuentran en posesión de un civil, “no hay cifras de la cantidad de armas; hay muchos cálculos, algunos muy precisos, emitidos por el gobierno, pero no tenemos esa certidumbre”.
Romain Le Cour, coordinador del Programa de Seguridad México Evalúa, comentó que el tema de armas de fuego en México, tanto el tráfico ilícito y su impacto en homicidios, muestra un panorama preocupante. Consideró que en el contexto de inseguridad en el país podría llevar a la ciudadanía a adquirir un arma.
Tenemos que reducir la violencia letal, la tarea es apoyar los esfuerzos para reducir el tráfico ilícito, medir la cantidad de armas en circulación y cambiar el panorama con el esfuerzo legislativo, arguyó.
Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que existen diálogos de parte del Estado mexicano con Estados Unidos para reducir el flujo de armas. También, se busca que las empresas que fabrican estos artefactos adopten medidas que impidan que caigan en manos equivocadas.
Tenemos que reducir la violencia a través de acciones jurídicas en torno a la adquisición de armas de fuego, su uso y regulación.
Carlos Pérez Ricart, profesor-investigador del CIDE e integrante de la Comisión de la Verdad de México, celebró el esfuerzo de algunas instituciones del Estado mexicano por resolver el tema que, dijo, es imposible minimizar; no obstante, estimó que existen serios déficits en tareas de trasparencia en lo que respecta a la distribución de armas, además falta mucho por hacer en términos legales y de regulación en la materia.
