Francisco Rodríguez*
Un reciente “reporte emergente” de la consultora Riskop, especializada en asesorar a empresas en materia de seguridad, da cuenta de que “México ya está dentro de la fase cuatro (de terrorismo), particularmente en ubicaciones dentro de las regiones centro-occidente, noreste y sur-sureste”. Prácticamente, más de la mitad de todo el país.
¿Cuáles son las tres previas?
Los analistas de la consultora refieren que, de acuerdo con una clasificación de la especialista Donatella della Porta, hay una escala evolutiva de la violencia clandestina en cuatro fases:
“1. Violencia no especializada (bajo nivel de impacto, baja organización),
“2. Violencia semi-militar (bajo nivel de impacto, mayor nivel de organización),
“3. Violencia autónoma (uso espontáneo y dirigido de violencia de alto impacto con mayor nivel de organización) y
“4. Violencia clandestina (extrema violencia de grupos ampliamente organizados que recurren a todos los repertorios de agresión).”
¿Esto es nuevo? ¿Está o no está contemplado por nuestras leyes? ¿Tiene castigo? ¡Obviamente sí!
Nuestro Código Penal Federal considera como actos de terrorismo a todas aquellas acciones que busquen infligir daño emocional o terror entre la población civil, con el fin de incidir en las decisiones o el accionar de la autoridad.
Pero, apunta Riskop, en México, el uso de dicho concepto ha sido evitado deliberadamente por todas las administraciones federales en la historia reciente, ya sea para cuidar una imagen política específica o impedir que, al denominar como ‘terroristas’ a ciertas organizaciones criminales, se dé pie a que otras naciones –particularmente EEUU—emprendan acciones puntuales dentro de territorio nacional.
Y mientras, con la ausencia de autoridad y/o con la complicidad de ella, los mexicanos estamos expuestos al terror y a que nos lleve la chingada… que no es, precisamente, la finca solariega de AMLO.
Más actos terroristas los próximos meses
Desde la visión de Riskop, en los siguientes 18 meses se verá una mayor desestabilización en el escenario de seguridad en México, por la confluencia de dos variables estratégicas:
Por un lado, grupos criminales que han operado con relativa autonomía en los años recientes, continuarán la lucha entre ellos por el control de espacios geográficos de operación y rutas específicas (áreas vitales) … Por el otro, y no menos importante, organizaciones sociales de corte disruptivo incrementarán gradualmente sus acciones a fin de posicionarse frente al proceso político-electoral de 2024.
En ese reporte emergente se apunta que las entidades “de particular preocupación” son: Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Morelos, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Aunque los analistas no descartan el incremento de niveles de inseguridad y de disrupción político social en todo, absolutamente todo el país.
¿Qué hacer ante el vacío de autoridad?
Tanto empresas como individuos, debemos fortalecer nuestros sistemas de prevención y de seguridad; mantenernos informados las 24 horas del día y los siete días de la semana de lo que acontece a nuestro alrededor y, buscar, como si fuese una aguja en un pajar, canales de comunicación con autoridades confiables –¿las habrá?– para reportar cualquier incidente por mínimo que éste sea.
Eso y solo eso podría llenar mínimamente los riesgos del vacío de autoridad ante el clima de desestabilización que ya tenemos encima. Ya no nos distraigamos con el juego distractor de AMLO, ni con las pendejadas que transmite Televisa.
Indicios
La ambición rompe el saco, señores generales –a la cabeza de los cuales está Luis Crescencio Sandoval— porque, ¿para qué pedir un presupuesto de 19 mil millones de pesos para construir cuarteles en zonas violentas como las arriba señaladas? No nos hagan sospechar, otra vez, de ustedes, por favor.
Porque haciendo cuentas aritméticas de lo más sencillas cada uno de esos cuarteles costaría arriba de ¡mil millones de pesos! “¿Pues de qué piensan hacerlos –pregunta un conocido lector del Índice Político?
Esos recursos deberían ejercerse para reclutamiento de las policías locales, con academias e instalaciones y salarios dignos, capacitación, profesionalización y equipamiento táctico de última generación en armamento, patrullas inteligentes y modernización de los C4, etcétera.
Se engolosinaron con el poder y ahora exigen más recursos para seguridad pública en vez de seguridad nacional, la cual es su real y verdadera misión de acuerdo a la Constitución.
Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
