La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), avaló por 27 votos a favor, cero en contra y una abstención, la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de regulación de aeronaves pilotadas a distancia.
El documento indica que se establecerá en el Código Penal Federal una pena a delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como drones, para prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación.
Se plantea un capítulo denominado Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia
Para imponer una pena de prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otros delitos que resulten, a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o a seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad.
Se impondrá pena de prisión de cinco a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Usados por el crimen organizado
Julieta Mejía Ibáñez (MC) comentó que esta es una iniciativa que intenta controlar el uso de drones, que, si bien es necesaria la regulación, la propuesta tiene algunas imprecisiones; asimismo, la reforma no prevé medidas de restricción a su comercialización.
Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) dijo que el uso de drones es utilizado para actividades agrícolas; sin embargo, también están siendo usados por el crimen organizado.
Lo que se debería de hacer es regular e investigar el ingreso y el uso de este tipo de aeronaves mediante algún registro, señaló.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que, respecto al marco jurídico, les corresponde a las y los legisladores ir aportando a los actos y acciones que no se veían antes y a estas tecnologías que tienen que ver con la delincuencia organizada.
Andrea Chávez Treviño, legisladora morenista, manifestó estar a favor de la propuesta del Ejecutivo Federal, ya que es simplemente una actualización del Código Penal Federal con respecto a las nuevas tecnologías que existen y que es importante tenerlas consideradas dentro de todos los instrumentos legales.
Hamlet García Almaguer (Morena), manifestó que, a través de esta reforma, se aplica un costo por la aplicación, compra o utilización de estos equipos, pero con algunas adaptaciones.
