A lo largo de la existencia de los Organismos Autónomos dentro del régimen de la Cuarta Transformación en México, éstos enfrentaron recurrentemente presiones políticas y desafíos que debían encarar por actuar como contrapesos institucionales independientes frente a las estructuras de poder imperante. Así, el gobierno en turno ejerció periódicamente diversas estrategias de contención para mermar su operación por las acciones frontales realizadas para nivelar las operaciones desequilibradas, caprichosas o unilaterales de la administración pública y otras entidades poderosas que perturbaron el funcionamiento virtuoso de la vida pública.
Javier Esteinou Madrid*
EXTINCIÓN DEL IFT: HACIA LA ESTATALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Dentro de las técnicas utilizadas para limitar su ejercicio destacaron, entre otras, las siguientes: intentos de captura política, recortes presupuestales, limitación en la asignación de recursos, menosprecio de sus deliberaciones, desprestigio institucional, dilación de nombramientos, etc.
Sin embargo, pese a que la ejecución de estos mecanismos de control aplicados contra los Organismos Autónomos para degradar su soberanía y sin contemplar los importantes avances logrados por los mismos para beneficiar a la sociedad, el gobierno de la “Esperanza del Cambio” consideró que no era suficiente la instrumentación de dichas estrategias de sujeción para controlarlos o desmoronarlos y decidió que su golpe final sería erradicarlos tajantemente de su estructura gubernamental absorbiendo sus funciones dentro de otros ministerios o secretarias estatales vinculados con cada ramo específico de la administración pública federal.
Con este fin, el 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 18 reformas constitucionales y dos leyes secundarias con el objetivo de modificar 14 artículos de la Constitución Política Mexicana para realizar una “Simplificación Administrativa” y extinguir diversos los Órganos Autónomos del Estado mexicano en materia de competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social. A través de ello apoyaría su “Plan C” de gobernabilidad para apuntalar la construcción del “Primer Piso” de la Cuarta Transformación.
Los Organismos Autónomos que se plantearon modificar fueron los siete siguientes: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), y finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Dicha iniciativa del Ejecutivo propuso trasladar formalmente a los Organismos Autónomos y sus tareas respectivas hacia otras instancias del Estado, pero su reorganización estructural podría representar el aniquilamiento real de sus capacidades orgánicas al perder su soberanía y subordinar sus tareas a los intereses políticos de la jefatura de gobierno en turno.
La justificación gubernamental
Para restructurar o desaparecer a los Órganos Autónomos el gobierno morenista aplicó la lógica de la racionalidad del populismo reivindicador de la Cuarta Transformación basada no en la corrección sectorial de las posibles limitaciones, desgastes o errores experimentados por tales entidades independientes, sino fundada en su radical “guillotina institucional”. Así, el gobierno de la “Revolución de las Conciencias” sostuvo que la desaparición de los Órganos Autónomos era indispensable consumarla por las siguientes cinco razones principales: eran una herencia neoliberal; se necesitaba eficacia institucional; se requería reducir gastos federales; era imperioso recurrir a la simplificación republicana; y finalmente, se debía aminorar la ineficacia institucional.
Importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Dentro del concierto de Órganos Autónomos que existen en el país el Instituto Federal de Telecomunicaciones ocupó un lugar estratégico para regular ampliamente las comunicaciones en México. Surgió de la Reforma Constitucional de 2013 con la finalidad de reglamentar, promover y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país a través del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios públicos en estas materias, abarcando lo referente a internet y la banda ancha. La existencia de un órgano autónomo robusto es primordial para el desarrollo de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el ecosistema mediático y digital en favor de toda la población. Es por ello, que la naturaleza constitucional del IFT y su objeto de regulación quedaron incorporados en el artículo 28 de la Constitución Política Mexicana (AMDA, 2024).
De esta forma, el IFT fue concebido como un mecanismo autónomo, de Estado, para regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general, así como, para llevar adelante las políticas públicas que garanticen estos servicios públicos a toda la población (AMDA, 2024).
Los objetivos centrales del IFT son, por una parte, abrir los mercados, organizar el sector, incrementar la competencia efectiva, reducir las barreras de entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados. Por otra parte, le corresponde la protección de los derechos de las audiencias garantizando el respeto a los principios de pluralidad, diversidad, veracidad y apego a los derechos humanos; supervisar con transparencia las acciones de regulación del espectro radioeléctrico y abierto del espacio mediático para la existencia de voces comunitarias, indígenas y afromexicanas; ordenar la competencia; y emprender acciones de alfabetización mediática e informacional (AMDA, 2024).
La autonomía de este organismo es esencial para asegurar que sus decisiones no queden influidas por intereses políticos, económicos o gubernamentales que comprometan la calidad, ética y transparencia en su actuación, incluyendo el otorgamiento de concesiones de uso público, social y comercial (AMDA, 2024).
Por ello, el IFT quedó ubicado dentro de la arquitectura del Estado mexicano como un organismo soberano necesario para desempeñarse como un contrapeso para salvaguardar los derechos de los usuarios.
Sus logros
Durante la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones este logró consolidar aspectos muy relevantes para propiciar mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para la sociedad mexicana.
Entre los principales frutos que alcanzó el IFT para beneficiar a la sociedad mexicana destacan diversos avances en los siguientes cinco ámbitos sociales: ahorro social, mejora de servicios, expansión de infraestructura, profesionalización, y respaldo a la pluralidad y la democracia.
¿Qué sector sustituirá al IFT?
Con la finalidad de suprimir al Instituto Federal de Telecomunicaciones como Órgano Autónomo la iniciativa lopezobradorista decidió trasladar sus responsabilidades a la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Para ello, formuló modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana.
Sin embargo, al ser absorbido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes surgiría a todas luces un claro retroceso en la especialización regulatoria que se ha logrado desde 2014, pues la SICT es la encargada de ejecutar la política pública, mientras que el IFT es el encargado de regular los mercados y la competencia en el sector.
En este sentido, es primordial considerar que la reubicación del Instituto Federal de Telecomunicaciones es una decisión muy delicada ya que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no cuenta con un perfil técnico que pueda dar continuidad a la regulación asimétrica que impera en la telefonía móvil y el internet fijo. Además, sin la especialización técnica de la SICT en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el mercado en estos ámbitos podría experimentar un retroceso en términos de competencia efectiva que aún se lidia en la industria de la telefonía móvil con un competidor muy poderoso que concentra participación dominante de mercado, ingresos e infraestructura.
Repercusiones de la revocación
La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría varias repercusiones negativas entre las cuales resaltan, las trece siguientes en los ámbitos de sistema jurídico, autonomía, competencia, democracia, supresión se inversiones, corrupción, austeridad, comunicación social, avances institucionales y ubicación histórica:
Orden jurídico
1.- Atentado contra el estado de derecho. Una de las principales consecuencias inmediatas de la transformación del IFT, proviene de la ausencia de un ente autónomo que regule las actividades en el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, especialmente en las disputas extra nacionales, como lo exigen los tratados internacionales. Esta intervención produciría una falta de certidumbre en el orden de derecho y justicia social, pues además de regular a las empresas, también una labor primordial que les corresponde profesar es defender muchos de los derechos de los usuarios (Reyes, 2024).
Autonomía
2.- Merma de autonomía. La ausencia de un órgano regulador en materia de radiodifusión y telecomunicaciones generaría un escenario de riesgos y desafíos que afectarían profundamente el derecho humano a la comunicación en México. Por ello, es medular contar con una autoridad independiente que garantice la calidad, diversidad y pluralidad de los contenidos y proteja los derechos humanos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones (AMDA, 2024).
3.- Pérdida de imparcialidad. La transferencia del IFT a otras áreas administrativas del Estado podría comprometer la neutralidad e integridad y del Instituto, ya que las decisiones que adopte podrían quedar influenciadas por intereses políticos coyunturales, debilitando su eficiencia reguladora. Es decir se comportaría como juez y parte, lo cual cuestionaría su imparcialidad institucional y alimentaría sustantivamente las posibilidades de la toma de decisiones discrecionales por parte de los funcionarios gubernamentales.
De esta forma, la extinción de este órgano implica que sus atribuciones serán asumidas por el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo anterior deteriora la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios de comunicación (AMEDI, 2024).
Competencia
4.- Reducción de la competencia. La falta de un organismo independiente podría permitir que algunas de las grandes empresas incrementen su capacidad de monopolizar el mercado afectando las garantías de competencia justa en el sector de telecomunicaciones. Así, a mediano y largo plazo, pondría en riesgo la competencia y regulación de mercados, incrementando prácticas anticompetitivas, que perjudicarían la calidad y los precios de bienes y servicios; todo lo cual tendría un impacto desfavorable sobre los consumidores.
5.- Afectación en calidad y costos. La desaparición del IFT generará incertidumbre entre los actores del sector de telecomunicaciones y la radiodifusión, ya que las funciones reguladoras serán asumidas por la SICT que no es una instancia adecuada para ejercer estas actividades especializadas. En consecuencia, sin supervisión rigurosa los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión la calidad de los productos y servicios disminuirían, elevando su precio.
Democracia
6.- Riesgo de concentración de poder. Sin un regulador autónomo en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, existe el peligro que las decisiones regulatorias respondan a la búsqueda de ganancias políticas en lugar de criterios técnicos.
Esto podría derivar en un entorno de competencia desigual, favoreciendo a ciertos actores económicos monopólicos dominantes afines al gobierno dañando la pluralidad en el mercado. Esto facilitaría introducir una regulación discrecional que envenenaría el horizonte de actuación federal sobre esta materia, por ejemplo, en el acceso al espectro radioeléctrico, las redes de comunicación y la comunicación vía satélite.
Supresión de inversiones
7.- Crisis económica. Ante este escenario desregulado los dueños del capital podrían disminuir su confianza para invertir en México, pues al perder el IFT su soberanía institucional y ser reubicado como un órgano subordinado al gobierno se debilitará la certidumbre jurídica que es un requisito indispensable para destinar y amparar las inversiones a nuestro país. Con ello, se podría disminuir la oportunidad histórica de aprovechar el nearshoring en nuestro país derivado de la reorganización de la economía mundial.
8.- Erosión de tratados comerciales. Esta acción podría poner en riesgo la continuidad de los tratados comerciales internacionales como el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TEMEC) con Estados Unidos y Canadá que a través de los artículos 17 y 18 del acuerdo exigen la existencia de Órganos Autónomos que actúen como entes reguladores independientes para asegurar una competencia leal al emitir resoluciones sin presiones políticas.
De lo contrario, los dictámenes regulatorios expedidos por el IFT no serían bien vistos a nivel internacional, pues además de que se vulneraría el cumplimiento de compromisos internacionales, no se garantizaría la obligación de asegurar la existencia de mercados competitivos a través de entidades totalmente soberanas de la administración pública que reglamenten de manera imparcial y eficaz las dinámicas de las telecomunicaciones y la radiodifusión (Rojon, 2024).
Corrupción
9.- Nombramiento de funcionarios advenedizos. La rápida sustitución del actual personal especializado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un nuevo personal coyuntural abre la delicada puerta que algunas de estas vacantes especializadas sean ocupadas por políticos para “pagar favores” y no por un sector técnico muy profesional que pueda resolver las funciones especializadas que demanda esta compleja institución para evitar que se vulneren las garantías constitucionales. Esta práctica del “compadrazgo plutocrático” fomentará la corrupción.
Por ello, es fundamental considerar que la operación del IFT es una labor de naturaleza eminentemente técnica más que política. Las disposiciones regulatorias que operan en el mercado de las telecomunicaciones y en radiodifusión deben ser emitidas por perfiles especializados en ingeniería, leyes, economía, regulación y competencia económica, por lo cual no existe cabida para los compadres políticos, ni para los aduladores al rey (Gutiérrez, 2024).
Austeridad
10.- Ahorro relativo. Aunque el gobierno sustenta que la eliminación de IFT representaría un ahorro de inversiones federales, esto no es acertado, pues más allá de un posible ahorro de recursos en el corto plazo, a mediano y largo plazo implicaría grandes pérdidas para el bienestar de los consumidores ya que posibilitaría el regreso a condiciones de mercados extremadamente concentrados (Rojon).
Comunicación social
11.- Garantías comunicativas. Al suprimirse el IFT los derechos de los ciudadanos y organismos quedarán sujetos a instancias con intereses, competencias y estructuras diversas, de índole política y judicial, lo cual generaría una fragmentación que perjudicaría la certeza, objetividad, claridad y equidad en la aplicación de estos garantías, así como la disminución de la transparencia y la rendición de cuentas Mediante ello, se afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información al someter su regularización a intereses ajenos a los del interés público (AMEDI, 2024).
Avances institucionales
12.- Desconocimiento de logros institucionales. La extinción del IFT ignora los logros obtenidos por este organismo autónomo después de 11 años de existencia, como la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional y Roaming Nacional, así como la transición a la Televisión Digital Terrestre. De igual forma, se menospreciaría que con el IFT a la cabeza de la regulación del sector, en este mismo lapso, México pasó de 9.6 millones de hogares con acceso a Internet en 2013 a 27.7 millones de hogares (71.7% del total de hogares), mientras que el número de conexiones de banda ancha móvil se cuadruplicó, al avanzar de 27.4 millones en 2013 a 126.1 millones de conexiones en 2024 (AMEDI, 2024).
Por ello, es lamentable y preocupante que el gobierno evada el reconocimiento positivo de los progresos que con apoyo del IFT alcanzó la industria de las telecomunicaciones en términos de competencia, ordenación de precios, disminución de monopolios, entrega de concesiones para radio y televisión, etc. y sólo haya argumentado inadecuadamente el tema de la carga financiera de los órganos autónomos con objeto de suprimirlo (Gutiérrez).
Ubicación histórica
13.- Retorno al pasado. Finalmente, el conjunto de dichas incompatibilidades y contradicciones ocasionaran un retroceso para el desarrollo de las telecomunicaciones y para los usuarios, pues al eliminar al regulador autónomo se retornaría a un viejo modelo estatal que demostró tener serias limitaciones para lograr la entrada de más competidores, mayor certidumbre jurídica, asegurar piso parejo para que un mayor porcentaje de mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad, así como promover más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones (Gutiérrez). Por ello, con la cancelación del IFT se regresaría a un prototipo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo Federal generando una regresión institucional que colocaría al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sólo en una etapa anterior a la Reforma Constitucional de 2013, sino más atrás de 1996, que fue la época en la que prevalecía una estructura de mercado de monopolios privados, y sin una autoridad que operara con atribuciones firmes para reglar la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México (Piedras, 2024).
En este sentido, extinguir o debilitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones representaría una enorme regresión, especialmente en un momento en que fenómenos como la concentración de medios, la multiplicación de servicios digitales de comunicación, la desinformación y la violación de los derechos humanos en la esfera digital son desafíos cada vez más crecientes en la República (AMDA, 2024).
Las instituciones de ordenamiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión están lejos de ser perfectas, ya que probablemente existen algunas malas prácticas de gestión y de gasto dentro de estos. Sin embargo, más que anularlas es necesario fortalecer la profesionalización de sus servidores y mejorar procesos de desempeño profesional. Para ello, se requiere un debate informado, plural, transparente y responsable que considere las características de cada institución, con evidencias y diagnósticos objetivos para crear reformas administrativas adecuadas que superen sus limitaciones y ofrezcan mejores servicios a la ciudadanía y a la vida democrática del país (Vázquez, 2024).
Defensa de los Órganos Autónomos
La presencia de los Organismos Autónomos en México representa un avance histórico en la consolidación de la arquitectura equilibrada del Estado mexicano, pues aportan independencia, certidumbre jurídica, transparencia, pluralidad, protección de derechos fundamentales, garantías civiles y, confianza ciudadana para convivir con mayor armonía en la nación. Son pilares esenciales del Estado republicano avanzado que deben protegerse para conservar el fortalecimiento del Orden de Derecho, el equilibrio de poderes y la preservación de un sistema democrático robusto de una nación que pretende construir un futuro de crecimiento superior.
Aunque los Órganos Autónomos enfrentan desafíos y aspectos que deben corregir como cualquier otra entidad de la administración pública, la permanencia de su soberanía es esencial para evitar retrocesos institucionales lamentables y consolidar un Estado democrático avanzado y plural. Por ello, la clave para generar más competencia, inclusión y digitalización está en empoderarlos institucionalmente y no eliminarlos.
Sin la presencia de Órganos Autónomos, México asistirá en el siglo XXI al diseño de un “Estado de Petrificado” ciego, sordo y manco que construirá un “Segundo Piso” autoritario en su modelo de desarrollo que se inclinará más hacia la autocracia, la opacidad y la corrupción que hacia la promoción de la transparencia, el estado de derecho de Derecho y la sana democracia en la nación.
