A pocos días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump lanzó al aire su antigua propuesta de comprar Groenlandia. En 2019 entretuvo al mundo con ese mismo plan. A continuación, publicamos nuestro análisis al respecto.
Lorenzo Carrasco
Todo mundo se sorprendió con la declaración del presidente Donald Trump sobre el interés en comprar Groenlandia, la mayor isla del mundo y territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, firme aliada de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Aunque pareciera una ocurrencia más del presidente habituado a ellas, Trump reaccionó bruscamente a la esperada respuesta negativa de la primer ministro Mette Frederiksen (“Groenlandia no está a la venta”) y canceló una visita programada para septiembre a Dinamarca.
En medio del sainete, la ex secretaria de Estado asistente Heather A. Conley, actual vicepresidente para Europa, Eurasia y el Ártico del Centro de estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), uno de los más influyentes centros de estudio Washington, escribió un artículo en el Washington Post del 21 de agosto en el que indica que Trump invierta en Alaska, en lugar de crear problemas con un aliado: “En lugar de comprar Groenlandia, invito vehemente al presidente a invertir en Alaska y a profundizar nuestras relaciones económicas y de seguridad con Groenlandia y Dinamarca. Al final de cuentas, ambas están abiertas a los negocios.”
No obstante, eso, conviene recordar que gran parte del territorio estadounidense fue anexado a las Trece colonias originales por la compra, ahí están Luisiana, Alaska y las islas Vírgenes, o por la conquista militar -Texas, California, Arizona y Nuevo México, arrebatados a México luego de la guerra de 1846-48, ya bajo la égida del “Destino manifiesto.”
Sea como fuere, la bazofia trumpiana debe haber despertado los instintos imperiales de los editores de la revista británica The Economist, que se apresuraron a publicar un editorial en que defendían la venta de territorios de países involucrados en disputas con vecinos, para pagar deudas o por razones ambientales.
“El mundo podría ser más pacífico si algunos países vendiesen territorios,” proclama el editorial (reproducido en Brasil en el periódico O Estado de São Paulo del 17 de agosto). “Con un poco de imaginación, es posible ver un mercado grande y variado para negocios semejantes. El cambio climático podría ser un incentivo para la demanda,” afirman los nostálgicos del Imperio Británico, que se agrandó mediante manu militari.
Para quien asuma que tales elucubraciones son meros delirios
Vale la pena recordar que los altos círculos oligárquicos suelen pensar décadas adelante. Un ejemplo es la embestida sobre las grandes empresas públicas iberoamericanas, primero discutida entre ellos en la primera mitad de la década de los ochentas y puesta en marcha posteriormente.
En un seminario promovido en agosto de 1983, por el American Enterprise Institute -peso pesado del establishment-, el exsecretario de Estado Henry Kissinger, el futuro presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, el ex presidente Gerald Ford y otros, analizaron abiertamente la “necesidad” de la entrada de capitales extranjeros en las grandes empresas estatales de países endeudados entre ellos Brasil, Argentina, México, con el esquema bautizado como “cambio de deuda por activos” (“debt for equity swaps”). En aquella ocasión, la brasileña Petrobras fue mencionada nominalmente como uno de los blancos de la embestida.
Dos años después, al llegar a Brasil, la respuesta más oída por este autor al comentar el asunto con el general Meira Matos y otros renombrados nacionalistas brasileños era: “Imposible”. Sin recurrir a la vieja expresión brasileña de “no fue por falta de aviso,” sería bueno saber lo que dirían ante el encabezado principal de periódico brasileño Valor Económico del 22 de agosto del presente: “El equipo económico planea vender Petrobras hasta 2022.”
La comparación entre empresas estatales y territorio está lejos de ser forzada. El intercambio de partes de deuda externa de países por acuerdos de protección de la naturaleza (debt for nature swaps) también fue ventilada por los personeros oligárquicos como parte de un vasto esquema de financierización de las cuestiones ambientales, que ahora alcanza un paroxismo con la jerga de los cambios climáticos.
Deuda, medio ambiente y territorio
En septiembre de 1987 estas opciones fueron ampliamente estudiadas en el Cuarto Congreso Mundial de Zonas Silvestres, realizado en Denver, Estados Unidos, ante la presencia de altos representantes del establishment anglo-americano como: el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker; los multimillonarios Edmond Rothschild y David Rockefeller; el magnate canadiense Maurice Strong, el principal ejecutivo ambiental del establishment; el ex director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), William Ruckelshaus; la ex premier noruega Gro-Harlem Brundtland, coordinadora de la Comisión Brundtland, la que creara el concepto de desarrollo sustentable, y varios más.
En una de sus intervenciones, Edmond de Rothschild presentó el calentamiento de la atmósfera como el mayor problema de la humanidad, anticipándose a la campaña de descarbonización de los días actuales. Una de las propuestas ventiladas para enfrentar el problema fue la creación de un “banco de conservación” internacional.
En el seminario, la organización no gubernamental estadounidense World Resources Institute (WRI) fue la encargada de elaborar el informe con las recomendaciones para la imposición de una “ética ambiental global,” en especial en los países en desarrollo.
El documento, concluido en 1989, tenía como principales orientaciones:
El establecimiento de una Institución Ambiental Internacional (International Enviromental Facility) que “ayudaría a movilizar un financiamiento adicional sustancial en términos apropiados, para proyectos de conservación, de agencias de desarrollo bilaterales, agencias de desarrollo multilaterales y, donde fuese posible, del sector privado. Su función básica sería la de “identificar, diseñar y financiar proyectos de conservación sólidos en el Tercer Mundo.”
Establecer un Fondo Ambiental Mundial administrado por el PNUD, que sería financiado con las multas impuestas a los “contaminadores” y, en especial, a las actividades productoras de “gases de efecto invernadero.”
Promover varias formas de intercambio de deuda por activos, inclusive, por ejemplo, aliviar las deudas de los países en desarrollo que prohíban el uso de zonas forestales tropicales para la ganadería, o la concesión de préstamos externos para la preservación de zonas silvestres, en lugar de obras de desarrollo.
La propuesta formal para la creación del “banco de conservación” fue presentada formalmente por el gobierno de Francia en una reunión ministerial del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1989. Como es sabido, el entonces presidente François Mitterrand (1981-1995) era un entusiasta proponente de la aplicación del concepto de “soberanía limitada” a las cuestiones ambientales. El proyecto fue puesto bajo los auspicios del Banco Mundial y formalmente establecido en 1991, con el nombre de Institución Ambiental Global (Global Enviro mental Facilita), luego rebautizado como Fondo Ambiental Global, con las mismas siglas en inglés, GEF. Luego de la conferencia Río-92, en 1992, el GEF se retiró del cobijo del Banco Mundial y se convirtió en una agencia independiente, aunque el banco siguiese actuando como curador.
Entre otras atribuciones, el fondo funciona como mecanismo financiero para la Convención Cuadro de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (UNFCCC), entidad encargada de llevar a cabo en el ámbito internacional las medidas referentes a las cuestiones climáticas, que han representado la punta de lanza del movimiento ambientalista internacional, en sus esfuerzos para limitar la extensión de la industrialización y del desarrollo de todos los países del mundo.
Con la finacierización de las cuestiones ambientales
Y con su vinculación al tema de las deudas soberanas, el establishment oligárquico paso disponer de un eficiente instrumento de chantaje contra los países en desarrollo que estaban en su mira, en especial, aquellos dotados de vastos recursos naturales.
Como el GEF y otras iniciativas afines, las potencias controladoras del movimiento ambientalista obtuvieron los medios para presionar a esos países para que aceptaran el programa ambiental e indígena, con la amenaza de ver complicadas las negociaciones de sus deudas externas.
Como en estos países, en general, los recursos para la protección ambiental y de las comunidades indígenas siempre están en disputa con los principales objetivos de los limitados presupuestos gubernamentales, los recursos internacionales se reciben sin mayores cuestionamientos en cuanto a las exigencias impuestas por la máquina ambientalista.
Un ejemplo de esos programas que encajonó a Brasil en el proyecto verde-indígena fue el Programa Piloto para la Protección de las Selvas Tropicales de Brasil (PPG-7). Entre 1992 y 2009, el PPG-7 dirigió al país un total de 463 millones de dólares aplicados a proyectos de conservación en zonas de ocurrencia de los biomas Amazonia y Mata Atlántica, en un esfuerzo para reducir las presiones internacionales motivadas por temas ambientales e indígenas.
