La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), realizó el foro “Es tiempo de mujeres. El aborto es un hecho y decidir es nuestro derecho”, con el objetivo de fortalecer los procesos de incidencia legislativa, para avanzar en la eliminación del delito de aborto del Código Penal.
Burgos Hernández subrayó que decidir sobre el propio cuerpo, es un derecho humano irrenunciable y que el deber institucional es garantizar que el aborto, como una realidad en la vida pública del país, se ejerza con dignidad, seguridad y libertad.
Reconoció que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha enfrentado resistencias, desinformación y falta de perspectiva de género en la toma de decisiones públicas, lo que ha frenado reformas y mantenido desigualdades legislativas entre entidades.
La diputada Patricia Mercado Castro (MC) resaltó los avances impulsados tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y celebró la incorporación de la NOM-046 en la Ley General de Salud, lo que fortalece el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación, así como la importancia de mantener la estrategia del “triángulo de hierro”, para consolidar la despenalización a nivel federal, y garantizar plenamente los servicios de salud.
La senadora de Morena, Martha Lucia Micher Camarena, señaló que el reto actual es consolidar el derecho a decidir en todo el territorio nacional, garantizar el acceso efectivo a servicios públicos de salud sin estigmas ni barreras institucionales y armonizar la legislación en las entidades que aún mantienen restricciones en cumplimiento de los criterios de la SCJN.
Ningún congreso local puede estar por encima de la Constitución Política. El derecho a decidir es un asunto de salud pública, dignidad e igualdad sustantiva, subrayó.
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, refirió que, desde 2007, en la capital del país se han realizado más de 290 mil interrupciones legales del embarazo con protocolos basados en evidencia.
Ello demuestra que garantizar el acceso oportuno y gratuito, protege la salud y la dignidad. Señaló la necesidad de armonizar el marco legal con la realidad sanitaria, para avanzar hacia un modelo que priorice el cuidado y los derechos.
Salud pública y DH
Daptnhe Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, expresó que la defensa del derecho a decidir es una lucha colectiva sostenida por legisladoras, activistas y funcionarias, cuyo trabajo coordinado ha permitido avances históricos.
Subrayó la importancia de fortalecer alianzas, aprender de experiencias regionales, avanzar en entidades rezagadas, impulsar la eliminación del tipo.
La secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que hablar del derecho al aborto desde las instituciones, es resultado de décadas de lucha feminista y que, a casi 19 años de su despenalización en la Ciudad de México, el reto es garantizar servicios con enfoque de derechos, sin estigmas y con perspectiva de cuidado.
Ampliar y consolidar la autonomía reproductiva es fundamental para fortalecer la justicia social y la igualdad sustantiva, señaló.
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández, propuso avanzar en tres rutas: Consolidar la despenalización en todo el país, eliminar el tipo penal del aborto para reconocerlo plenamente como un asunto de salud pública y derechos humanos, y fortalecer las capacidades políticas y narrativas para defender esta agenda.
En tanto, Soledad Deza, fundadora de Mujeres x Mujeres, explicó que, aunque en Argentina se cuenta con la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, persisten intentos por revertir los avances alcanzados.
Subrayó que la autonomía y el derecho a decidir históricamente han enfrentado resistencias, pero el movimiento seguirá firme, convencido de que los derechos conquistados, no darán marcha atrás.
