La falacia del humanismo mexicano no es sino una doctrina de grupo que, bajo apariencia ética, niega la universalidad de la dignidad humana; porque la dignidad no admite adjetivos y, cuando el humanismo se fragmenta, la ética deja de ser principio para convertirse en instrumento.
José Alberto Sánchez Nava*
I. La universalidad como principio irrenunciable
La universalidad es uno de los principios rectores fundamentales del humanismo y de la ética humanista. No constituye un recurso discursivo, sino el cimiento filosófico y jurídico sobre el cual descansa la noción misma de dignidad humana. Este principio significa que todos los seres humanos poseen el mismo valor y los mismos derechos inherentes por el solo hecho de ser humanos, independientemente de su origen, ubicación, ideología, condición económica o circunstancia histórica.
La dignidad no se fragmenta ni se relativiza. Cuando se intenta adjetivar el humanismo —mexicano, regional, contextual— se inicia un proceso de vaciamiento conceptual que erosiona su esencia universal.
II. Humanismo universal versus relativismo político
Desde la perspectiva ética y del derecho internacional, el humanismo auténtico es universal o deja de ser humanismo. Su fuerza radica precisamente en su carácter supranacional y supracultural. Cuando ciertos regímenes pretenden hablar de un “humanismo mexicano” para justificar políticas de “abrazos, no balazos”, la impunidad como escudo, la corrupción como sello y la erosión institucional como rúbrica, se incurre en una contradicción técnica y filosófica de fondo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no admite excepciones geográficas ni interpretaciones políticas a conveniencia. Los derechos no dependen del discurso del gobierno en turno; son inherentes a la persona. Regionalizar el humanismo para evadir la responsabilidad penal o debilitar la legalidad constituye una forma de relativismo moral incompatible con el constitucionalismo contemporáneo.
III. El principio de convencionalidad
La obligación del Estado Mexicano, como Estado constitucional y parte del sistema interamericano, está obligado a ejercer el control de convencionalidad. Ello implica que toda política pública debe armonizarse con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos impone deberes claros: investigar, sancionar y reparar violaciones.
La impunidad estructural no es una opción política; es una violación jurídica. Cualquier narrativa que promueva la destrucción de instituciones, la neutralización de contrapesos o la normalización de la impunidad bajo el discurso del humanismo contraviene no solo el derecho internacional, sino el propio texto constitucional mexicano.
IV. Humanismo no es impunidad
La ética humanista no protege al agresor ni relativiza el daño; protege a la víctima y reivindica la justicia. La impunidad estructural a la que se refiere el derecho internacional no es una abstracción; tiene rostros, nombres y dolor concreto.
El caso de la secta religiosa La Luz del Mundo constituye el paradigmático ejemplo de esta fractura institucional. Mientras en los Estados Unidos de Norteamérica, Naasón Joaquín García, máximo líder de dicha organización, purga una condena en prisión por los delitos de pedofilia y abuso sexual continuado contra mujeres creyentes menores de edad —demostrando que un Estado de Derecho ajeno sí cumplió con el deber de investigar y sancionar—, en México esa misma estructura delictiva goza de impunidad plena.
A pesar de las denuncias documentadas de víctimas mexicanas que sufrieron los mismos horrores, el Estado mexicano ha mostrado incapacidad, omisión o confabulación para desarticular a la organización. Esta asimetría punitiva evidencia cómo el poder fáctico y los intereses políticos vuelven inoperantes a las instituciones.
La impunidad como política pública desnaturaliza el Estado de Derecho y vulnera el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Sin justicia no hay dignidad protegida; sin dignidad protegida no existe humanismo, sino retórica.
El verdadero humanismo exige instituciones sólidas, ministerios públicos autónomos, tribunales independientes y políticas públicas eficaces para la prevención y sanción del delito, sin importar cuán poderoso sea el agresor.
V. Educación y adoctrinamiento: La disputa por las conciencias
El fenómeno más delicado, sin embargo, se despliega en el ámbito educativo. Cuando los programas de estudio comienzan a utilizarse como instrumentos de narrativa ideológica y no como herramientas de formación crítica, se vulnera el núcleo mismo del proyecto humanista. La educación, conforme al artículo 3º constitucional, debe ser científica, democrática, plural y orientada al respeto irrestricto de la dignidad humana. No puede convertirse en un vehículo de legitimación política.
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la educación debe promover el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. El adoctrinamiento es incompatible con esta finalidad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que la educación debe capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.
Una sociedad libre no se construye sobre el pensamiento único. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a fomentar el pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto a la diversidad. La instrumentalización ideológica de los contenidos educativos contradice esta obligación internacional.
VI. Nación, desarrollo y libertad intelectual
Las naciones que subordinan la educación a la narrativa del poder comprometen su desarrollo científico, democrático y humanitario. El humanismo educativo no impone dogmas; fomenta preguntas. No canoniza proyectos políticos; promueve el análisis crítico.
Cuando la educación se convierte en vector de adoctrinamiento, se limita la libertad de conciencia y se erosiona el pluralismo, pilares esenciales de cualquier democracia constitucional.
VII. Reflexión final
El humanismo no se nacionaliza ni se instrumentaliza. Un proyecto político que normaliza la impunidad —castigando a los depredadores en el extranjero mientras los protege en casa— y una política educativa que normaliza la adhesión acrítica son expresiones de la misma desviación: la subordinación de la dignidad humana al poder.
Hablar de un “humanismo mexicano” que se aparta del principio de universalidad y del control de convencionalidad es, en términos estrictamente jurídicos y filosóficos, una incongruencia.
La dignidad no es consigna ni bandera partidista; es límite infranqueable del poder.
