Hoy, MCCI cumple 10 años de investigar y exhibir la corrupción en México. En este tiempo, se han publicado más de 850 investigaciones que documentan desvíos y redes de colusión por más de 536 mil millones de pesos, abarcando a actores de todos los niveles de gobierno, partidos, empresas y otros sectores.
Nuestra labor ha implicado enfrentar auditorías, espionaje, ataques públicos y procesos legales desde distintos gobiernos. Aun así, seguimos trabajando con independencia, respaldados por la ciudadanía, para evidenciar la corrupción y exigir rendición de cuentas.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nació hace 10 años como una organización de la sociedad civil dedicada a investigar las causas y consecuencias de la corrupción, para documentar desde el periodismo de investigación los hechos y redes de colusión que operan en el país y para hacer propuestas de política pública para fortalecer el Estado de derecho y la democracia.
En estos 10 años, hemos publicado más de 850 piezas de análisis e investigaciones periodísticas. Los casos de corrupción que hemos documentado implican operaciones por más de 536 mil millones de pesos o 31 mil millones de dólares. Se trata de revelaciones que equivalen a 147 millones de pesos diarios, 6 millones por hora o 102 mil pesos cada minuto.
A lo largo de una década hemos investigado actos de corrupción en los tres poderes de la Unión y en todos los órdenes de gobierno.
Hemos documentado casos que involucran a actores de todos los partidos políticos, al empresariado, a los sindicatos y hasta a los grupos criminales. Nuestro trabajo no se guía por colores ni ideologías, investigamos la corrupción y la impunidad, estén donde estén.
Entre nuestras investigaciones se encuentran varios casos relevantes de los últimos tres sexenios, como:
La Estafa Maestra; los sobornos de Odebrecht; los desvíos de Segalmex (que siguen hoy en Alimentación para el Bienestar); los esquemas de desvío para campañas electorales de la Operación Safiro; los despojos de Roberto Borge en Quintana Roo y de César Duarte en Chihuahua; las redes financieras ilegales de García Luna; las empresas fantasma de Javier Duarte en Veracruz, las irregularidades de la cooperativa Cruz Azul; el conflicto de interés de la Casa Gris; la operación fraudulenta del huachicol fiscal; los vínculos de la política con el crimen organizado, y un largo etcétera.
Investigar y exhibir la corrupción de los gobiernos para que rindan cuentas a la ciudadanía resulta incómodo y molesto para el poder y por ello hemos pagado las consecuencias. No es la primera ocasión en que enfrentamos complicaciones legales, administrativas o políticas como producto de nuestras investigaciones.
Consideramos necesario poner el foco de atención en la actuación de las autoridades:
- Ha habido un esfuerzo sistemático por intimidar, obstaculizar y desprestigiar a las personas y organizaciones que cuestionan al poder. A unas más que a otras.
- El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó el aparato fiscal de manera facciosa y realizó 12 auditorías a la organización y su personal directivo.
- Los teléfonos de varios integrantes de MCCI fueron intervenidos con el software espía Pegasus.
- Con Andrés Manuel López Obrador, MCCI fue blanco constante del hostigamiento desde las conferencias matutinas. Entre 2018 y 2024, la organización fue mencionada y atacada en 300 ocasiones.
- El gobierno realizó múltiples contactos de alto nivel para que agencias de cooperación internacional y donantes dejaran de apoyar el trabajo de nuestra organización.
- Desde el gobierno se acusó a la presidenta de MCCI del delito de traición a la patria y se ejecutó una campaña de desprestigio y acoso mediático. Fue mencionada en al menos 111 ocasiones en las mañaneras.
- Las autoridades abrieron múltiples procesos judiciales penales, civiles y administrativos en contra de nuestra presidenta, mismos que hoy siguen en curso.
- Se exhibieron y difundieron de manera ilegal los datos personales y fiscales de todos nuestros consejeros, proveedores y donantes, así como de nuestros colaboradores, periodistas e investigadores.
El gobierno de Claudia Sheinbaum nos retiró la autorización como donataria autorizada, a pesar de siempre haber cumplido con nuestras obligaciones fiscales y de transparencia.
Estas son solo algunas de las consecuencias que hemos enfrentado a lo largo de estos años. El uso arbitrario de los poderes del Estado en contra de ciudadanos que únicamente ejercen su libertad de expresión y asociación es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático.
El poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios, no a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales.
Desde el poder han intentado silenciarnos, desacreditarnos y desanimarnos
No lo han logrado. Quitarnos la condición de donataria autorizada pretende desincentivar y dificultar que las personas sigan apoyándonos. Queremos decirlo con claridad: MCCI puede y seguirá recibiendo donativos de manera totalmente legal.
MCCI nunca ha dependido del presupuesto público. Nuestra fuerza ha estado, desde el inicio, en el apoyo de miles de ciudadanos e instituciones que han respaldado nuestra causa y nos han permitido mantener la independencia para investigar con libertad.
Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado en estos diez años. Su confianza y apoyo han hecho posible que nuestra organización siga hablándole con la verdad al poder, sin dar un solo paso atrás.
Cada vez es más difícil investigar la corrupción y la impunidad. El acoso personal, financiero, judicial y reputacional, junto con la mayor opacidad gubernamental y la desaparición de información que alguna vez fue pública, dificulta nuestro trabajo.
Pero, mientras haya corrupción que esconder, habrá razones para investigar sus causas, costos y consecuencias. Mientras haya impunidad para los poderosos, habrá razones para denunciar. Y mientras haya mexicanas y mexicanos que crean que las cosas pueden cambiar, MCCI seguirá aquí.
