PRI propone Ley General de Inteligencia Artificial: Van por multas y clausuras a sistemas que discriminen u omitan revisión humana
Ivette Sosa
La vertiginosa adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en México dejará de operar en el vacío legal. Con el propósito de estructurar un marco de control que salvaguarde los derechos humanos, la privacidad y la seguridad ciudadana, las diputadas Ana Isabel González González y Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa histórica para expedir la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para su dictaminación, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, será de aplicación generalizada.
Su alcance abarca a dependencias de los tres órdenes de gobierno que adquieran o utilicen IA, a empresas o personas físicas que la desarrollen y comercialicen en el país, y a cualquier sistema automatizado cuyos resultados produzcan efectos directos dentro del territorio nacional.
Un nuevo árbitro autónomo y registro de alto riesgo
La columna vertebral de la iniciativa radica en la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, concebida como un organismo público autónomo con plenas facultades para verificar, auditar y sancionar las malas prácticas tecnológicas.
Bajo su tutela operará el Registro Nacional de Sistemas de IA de Alto Riesgo, el cual obligará a las empresas y al gobierno a transparentar los algoritmos empleados en sectores críticos como la salud (diagnósticos y triage), la educación (evaluaciones y acceso), el empleo (procesos de reclutamiento, permanencia o despido), la seguridad pública (análisis predictivo), la justicia y los servicios esenciales (créditos y seguros).
La ley es tajante al prohibir de manera absoluta el uso de IA para la manipulación conductual que explote vulnerabilidades humanas, la implementación de sistemas de vigilancia masiva indiscriminada sin orden judicial y los mecanismos de “puntuación social” generalizada que afecten derechos fundamentales.
Asimismo, prohíbe el uso de estas herramientas para suplantar la identidad (deepfakes) con fines de fraude o violencia, y penaliza severamente cualquier práctica de explotación, abuso o difusión de contenido degradante que involucre a menores de edad.
Trazabilidad frente a un uso cotidiano e imparable
Para sustentar la urgencia de legislar, las diputadas priistas retomaron datos de la UNAM que revelan que el 66 por ciento de la población mexicana ya utiliza herramientas basadas en IA en su vida diaria, mientras que una de cada seis personas en el mundo, interactúa de forma regular con modelos generativos.
La ausencia de reglas claras maximiza los riesgos operativos, éticos y legales en su utilización cotidiana, advirtieron las legisladoras, tras señalar que el robo de datos sensibles mediante procesos automatizados sin consentimiento constituye uno de los principales desafíos jurídicos actuales.
Finalmente, la normativa plantea un esquema de sanciones clasificadas en leves, graves y muy graves, que van desde amonestaciones públicas e inhabilitaciones temporales hasta la clausura definitiva de los sistemas infractores. Lejos de pretender frenar el desarrollo tecnológico, la iniciativa busca transformar la IA en un motor de desarrollo transparente y equitativo.
De aprobarse, las adquisiciones gubernamentales de tecnología estarán obligadas a incluir evaluaciones de impacto y cláusulas de auditoría digital, alineando a México con los más altos estándares internacionales en bioética y soberanía tecnológica.
