MC va por reforma al Artículo 4º: El Estado deberá costear manutención y educación de huérfanos
Ivette Sosa
La violencia feminicida destruye hogares y deja a su paso consecuencias que truncan el futuro de las infancias en México.
Con el firme propósito de edificar un piso de protección permanente y digno, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proyecto busca elevar a rango constitucional el derecho de las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio a recibir un apoyo económico oportuno para la subsistencia de sus necesidades básicas y desarrollo integral.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, mandata al Estado en sus tres órdenes de gobierno a garantizar este recurso bajo una perspectiva de género y en estricto apego al interés superior de la niñez.
El texto exige la creación de mecanismos interinstitucionales coordinados que no solo liberen el dinero de forma expedita, sino que aseguren medidas complementarias en materia de salud mental, educación y reparación integral del daño para las víctimas indirectas.
El colapso de las redes familiares de cuidado
En su exposición de motivos, la legisladora Muñoz Moreno argumentó que el impacto del feminicidio trasciende a la víctima directa, vulnerando de tajo derechos infantiles elementales como la alimentación, el cuidado y la educación armónica.
Advirtió que, tras la tragedia, la tutela y crianza de los menores suele recaer en abuelas, tías o hermanos de la víctima, quienes asumen la manutención sin contar con los recursos económicos necesarios.
Esta falta de respaldo institucional somete a las redes familiares de apoyo a una severa sobrecarga financiera que se traduce de inmediato en endeudamiento, empobrecimiento y un estrés crónico que mella la calidad de vida de los menores.
Al carecer de un subsidio formal, las infancias entran en un círculo de alta vulnerabilidad, quedando expuestas al riesgo de sufrir nuevas violencias, explotación laboral infantil, malnutrición o deserción escolar obligada.
Un imperativo jurídico, no una medida simbólica
La iniciativa enfatiza que entregar un apoyo económico específico no representa un acto de beneficencia pública o una medida simbólica aislada, sino un imperativo jurídico derivado del cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia de género.
Constitucionalizar este derecho, implica obligar presupuestalmente a las futuras administraciones a proteger a este sector marginado.
Muñoz Moreno concluyó señalando que la reforma representa un paso fundamental para transitar hacia un Estado democrático integral; uno que no se limite a perseguir y sancionar penalmente el delito en los juzgados, sino que asuma con madurez su responsabilidad de reparar los efectos colaterales de la violencia para garantizar condiciones de vida digna a las generaciones del mañana.
