En episodios como la Marcha de la Generación Z y el caso Teuchitlán, casi la mitad de las interacciones provinieron de granjas de bots en Colombia y Argentina, que fabrican las tendencias políticas de México.
Bernardo Méndez Lugo*
La conversación política en X no es un espacio neutral ni plenamente orgánico. En México, una parte relevante de lo que circula como debate ciudadano o movilización espontánea, está mediada por cuentas automatizadas cuyo origen no es local.
Los análisis disponibles muestran que Colombia y Argentina son los principales proveedores de granjas de bots contratadas para influir en temas políticos mexicanos. Brasil concentra el mayor volumen bruto de tráfico automatizado en Sudamérica, pero no es el actor dominante cuando se trata de las operaciones dirigidas específicamente a hashtags, tendencias y narrativas nacionales.
El patrón se repite en episodios recientes
Durante la convocatoria de la Marcha de la Generación Z, en noviembre de 2025, cerca del 46 % de las interacciones digitales asociadas al tema provenían de bots.
Una proporción significativa de esas cuentas fue adquirida en tiendas de Colombia y Argentina, donde los paquetes de retuits se ofrecen a precios bajos. Situaciones similares se observaron con hashtags polarizantes vinculados al caso Teuchitlán y a etiquetas de ataque contra figuras del gobierno.
En esos momentos, las cuentas con nombres genéricos, fotos de stock, pocos seguidores reales y picos sincronizados de actividad revelaban orígenes predominantes en Colombia, seguidos de Argentina. España aparece también con frecuencia, aunque queda fuera del ámbito latinoamericano.
Estas granjas operan como un servicio comercial
Se compran retuits, likes y comentarios por volumen. El bajo costo relativo convierte a Colombia y Argentina en destinos preferidos para quienes buscan inflar artificialmente una conversación.
El resultado es una distorsión de la percepción pública. Una tendencia que parece masiva puede estar sostenida, en buena medida, por automatización. Una convocatoria que se presenta como expresión orgánica de hartazgo puede haber sido previamente amplificada por máquinas.
Y un hashtag de ataque puede alcanzar visibilidad desproporcionada sin una base ciudadana proporcional.
El impacto va más allá de la simple inflación de números
Cuando las tendencias se fabrican o se exageran desde el exterior, se debilita la capacidad de distinguir entre opinión pública real y ruido artificial. Se erosiona la confianza en las movilizaciones que se presentan como espontáneas.
Y se facilita la polarización, porque los algoritmos de X premian el volumen y la velocidad, no necesariamente la autenticidad. En un entorno ya cargado de confrontación, la intervención de granjas extranjeras añade una capa de opacidad que dificulta el debate informado.
Regular este fenómeno sin vulnerar la libertad de expresión es el dilema central. La vía más compatible con ese derecho consiste en enfocarse en el comportamiento automatizado masivo y coordinado, no en el contenido de los mensajes.
Propuestas razonables incluyen el etiquetado obligatorio de cuentas automatizadas, la detección de redes de coordinación a gran escala, obligaciones de transparencia para las plataformas y salvaguardas procesales fuertes contra remociones arbitrarias.
Una prohibición general de toda automatización resultaría excesiva y propensa a errores
En cambio, elevar el costo de la manipulación coordinada y exigir transparencia, reduce el engaño sin convertir la regulación en un instrumento de control del discurso.
En México, sin embargo, el marco legal sigue siendo incompleto. No existe una ley federal general que prohíba o regule de manera integral el uso de bots en redes sociales.
La reforma electoral presentada en 2026, contempló la prohibición de bots y la regulación de la inteligencia artificial en campañas, con el propósito de otorgar al Instituto Nacional Electoral facultades de supervisión y suspensión.
Esa propuesta no se consolidó plenamente. El INE ha reconocido que carece de atribuciones expresas suficientes para investigar y sancionar granjas de bots de forma sistemática.
Otras normas, como la reforma en materia de derechos de autor conocida como Ley Antimemes, abordan responsabilidades de plataformas por infracciones de contenido, pero no regulan la automatización política como tal.
El vacío legislativo
Deja a la conversación pública mexicana expuesta a una industria regional de influencia artificial. Colombia y Argentina concentran la oferta de servicios que más impactan los temas políticos nacionales en X.
Reconocer este mecanismo no es una cuestión de partidismo; es una condición mínima para entender con mayor precisión qué parte de lo que circula como debate público es, en realidad, producto de automatización contratada. Mientras la regulación no avance con precisión técnica y respeto a la libertad de expresión, la distorsión seguirá siendo un rasgo estructural de la esfera digital mexicana.
