La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), aprobó dos dictámenes que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; uno, en materia de combate al acoso, hostigamiento o violencia sexual en planteles escolares, y otro, para que los agresores no dispongan del domicilio que cohabitan con las víctimas, y se imposibilite la venta o renta de los bienes comunes que estén en sociedad conyugal.
Por unanimidad de 29 votos a favor, se aprobó el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protocolos de actuación de casos de acoso, hostigamiento o violencia sexual en todos los niveles educativos.
La presidenta de la Comisión dijo que el objetivo principal de la iniciativa es dotar de facultades a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de que elabore e implemente protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres en todos los niveles educativos.
Indicó que esta medida es de la mayor importancia para nuestras niñas y jóvenes estudiantes, ya que México es el país con uno de los ambientes escolares más violentos a nivel secundaria, motivo por el cual hay que legislar para que esto no siga sucediendo, tener las herramientas necesarias para poder prevenirlo.
La diputada María De Jesús Rosete Sánchez (PT), promovente de la iniciativa, señaló que los protocolos que se implementen tienen que garantizarles espacios seguros a las niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres que sufren todo tipo de hostigamientos.
Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena, reconoció que esta reforma es fundamental, ya que, si bien se ha logrado avanzar en el tema de derechos humanos de las mujeres, se presenta la normalización de nuevas modalidades de violencia, por lo que estas adecuaciones contribuirán a que las niñas y mujeres cuenten con mayores mecanismos de salvaguarda y protección.
Agresores deberán desocupar el domicilio que cohabitan con las víctimas
Las y los integrantes de la Comisión también aprobaron con 29 votos a favor, el dictamen por el que se reforman los artículos 34 Quáter y 46 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que, como parte de la protección dictada por la autoridad, no sólo se exija al agresor la desocupación del domicilio que cohabita con la víctima, sino que también se garanticen las obligaciones contractuales respecto a la propiedad.
La diputada Vences Valencia, detalló que estas reformas también imposibilitan la venta o renta de los bienes. Agregó que con esta clase de medidas se regresa cierta tranquilidad a las víctimas y la certeza de que bajo ningún medio jurídico se les buscará despojar de sus patrimonios de subsistencia “como muchas veces acurre por parte del agresor”.
Asimismo, se establece que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le dará la facultad de fomentar y facilitar que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a programas y créditos para comprar una vivienda.
La promovente de la iniciativa, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN), mencionó que el propósito de esta iniciativa es ir más allá de lo que originalmente se contempló al pedir que la autoridad determine o impida que se disponga del inmueble.
