En reunión plenaria, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Gobernación y Población aprobaron por 51 votos a favor, el dictamen a las iniciativas que reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, incorpora los principios de racionalidad y oportunidad e incluye la capacitación de las fuerzas del orden.
El dictamen que modifica la fracción XIV del artículo 3, la fracción IV y V del artículo 4, y la fracción VI del artículo 6, y adiciona las fracciones VI y VII en el artículo 4, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, establece que la finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al restablecimiento del orden público, la seguridad y la paz social.
Respecto del principio de racionalidad
Indica que es la decisión con la que se valoran las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
En cuanto al principio de oportunidad
Señala que cuando se requiera hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que es necesario reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y, en general, la afectación de los derechos de las personas.
El dictamen establece en un transitorio que las instituciones de seguridad revisarán y actualizarán los protocolos de actuación, los manuales para el uso de la fuerza, la descripción de las conductas a realizar por los agentes y los cursos de capacitación a efecto de incorporar la finalidad del uso de la fuerza y los principios de oportunidad y racionalidad en sus contenidos, para lo que tendrán un plazo de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto.
Tener cuerpos de seguridad capacitados y formados
El presidente de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), dijo que ésta era una asignatura pendiente e importante para el Estado, a fin de tener cuerpos de seguridad capacitados y formados; con esta aprobación se da un paso fundamental, abundó.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) dijo que el dictamen retoma criterios de los distintos partidos, por lo que se podrá reformar la ley y solventar deficiencias, con lo que se cumple la sentencia de la SCJN. Además, refiere cómo deben actuar las autoridades que implementan la fuerza del Estado y se establecen directrices de cómo deberán conducirse.
María de Jesús Aguirre Maldonado, legisladora del PRI, resaltó que la Cámara de Diputados está atenta a lo que señala la SCJN, así como la relevancia de que se respeten los derechos humanos, sumado a trabajar en la capacitación de los cuerpos policiacos, en especial los municipales.
Del PRD, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel consideró que el dictamen permite al Estado cumplir con los estándares internacionales y los principios básicos del empleo de la fuerza por parte de los encargados de hacer valer la ley.
El panista Román Cifuentes Negrete consideró que aún hay una deuda en favor de los elementos que trabajan en los cuerpos de seguridad que son amenazados, por lo que requiere portar el equipo respectivo, incluso cuando estén francos.
