MC propone reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal
Ivette Sosa
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de establecer como un derecho explícito de las personas privadas de la libertad que viven con VIH, el acceso efectivo, gratuito y continuo al tratamiento antirretroviral.
La propuesta exige que las autoridades penitenciarias garanticen estudios, medicamentos, consultas y seguimiento médico integral, prohibiendo estrictamente que la reclusión sea motivo para suspender, retrasar o interrumpir la atención.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su dictamen.
Alto riesgo de contagio y subdiagnóstico en la población joven
La exposición de motivos advierte sobre el incremento sostenido de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en México tras la pandemia, destacando que en 2025 se registraron más de 10,700 nuevos casos de VIH.
Esta problemática afecta principalmente a jóvenes de 15 a 29 años y se agrava por un elevado subdiagnóstico derivado de casos asintomáticos.
Vulnerabilidad Penitenciaria: Prevalencia de VIH es 7.2 veces mayor tras las rejas
El documento fundamenta la urgencia de la reforma con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):
- Riesgo multiplicado: Las personas privadas de la libertad tienen 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH en comparación con la población general; mundialmente, el 4.6% de los internos vive con el virus.
- Factores agravantes: En contextos de alto encarcelamiento de personas que se inyectan drogas, la prevalencia dentro de las cárceles llega a ser entre 15 y 20 veces superior a la de la vida civil.
Exigen frenar la discriminación institucional
La legisladora argumentó que los internos con VIH enfrentan barreras constantes para recibir fármacos de forma oportuna, además de discriminación sistemática.
Respaldada por criterios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ballesteros Mancilla enfatizó que la condición de salud no justifica la restricción de derechos fundamentales.
La reforma busca blindar la cadena de suministro de antirretrovirales y garantizar el derecho humano a la salud en todos los centros de reclusión del país.
