Un dictamen avalado en el recinto de San Lázaro, condena los hechos ocurridos el 9 de octubre, en la Comunidad de Dos Ríos, Municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero, realizados por la policía comunitaria “los cuales violentaron gravemente los derechos humanos de las menores y de la madre involucradas; así como cualquier acto que justifique la práctica de la venta de niñas, niños o adolescentes y/o el matrimonio infantil en las comunidades indígenas”.
Además, exhortó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que realice la investigación correspondiente, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y de las autoridades correspondientes, para determinar las responsabilidades penales en contra de las autoridades y de las personas que violentaron los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas.
Ello, con la finalidad de brindar justicia, protección y una reparación integral a las víctimas, desde una perspectiva basada en el marco de los derechos humanos, así como la adopción de medidas para garantizar la no repetición de estas acciones delictivas.
Además, que la titular del poder ejecutivo del estado, promueva que el sistema estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres despliegue una campaña que inhiba esas prácticas.
