Convenio 169 de OIT sobre Derechos Indígenas: Es mandato constitucional en México desde 1991 y se siguen violando sus derechos y a su hábitat. Los cambios legales y de respeto a sus derechos humanos y de territorio son teóricos y, en la práctica, se violan flagrantemente.
Bernardo Méndez Lugo*
Survival International plantea con claridad que el problema de la tierra es el punto central a defender: si no hay tierra, no hay grupo étnico. La libre disposición de una base territorial suficiente es la condición previa de toda autodeterminación tribal (1).
El Convenio 169 reconoce la relación especial que tienen los indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
Además, deben protegerse especialmente los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras, comprendiendo el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
De igual manera, deberán preverse sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en sus tierras.
En el caso de México
Las políticas de modernización que incluyen los planes de explotación petrolera, la construcción de trenes y refinerías, la construcción de presas, los megaproyectos turísticos y la expansión de la agricultura y ganadería orientada al mercado nacional e internacional, se han realizado en base al dislocamiento y vulneración de los ecosistemas selváticos, costeros y agroproductivos.
Esto ha implicado la expropiación de tierras comunales y ejidales, así como fuertes presiones sobre campesinos, pequeños artesanos, pescadores y en general habitantes pobres de las regiones modernizadas que pierden tierras y acceso a recursos naturales.
El artículo 4 del Convenio de la OIT señala que “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.
Como se puede observar, la preservación de los bienes, el trabajo y el medio ambiente depende en buena parte de la conservación de los derechos sobre la tierra, y un concepto más amplio que es el territorio y el hábitat.
El artículo 5 señala que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se le plantean tanto colectiva como individualmente.
El reclamo de la población indígena por su derecho a ser diferentes es simplemente su lucha por mantener su identidad propia.
En palabras de Salomón Nahmad: “las luchas a las que se han enfrentado los indígenas durante los últimos 160 años en las distintas regiones del territorio nacional, reflejan muy claramente que existe un principio medular, que es el de mantener la propia identidad, a pesar de la agresión, la represión y los intentos por la disolución de esta identidad…no es sólo el deseo de tener el territorio, de tener el espacio, de tener el sistema de reproducción biológica, sino el deseo y la necesidad de ser, y ser significa ratificar el propio proyecto histórico que han venido construyendo estos grupos a lo largo de su historia”.
Organización política y económica
El artículo 6 del Convenio de la OIT señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En el balance de las políticas de modernización económica de países desarrollados y del mundo en desarrollo, se observa una ausencia de consultas eficaces a los pueblos autóctonos que son afectados por los nuevos proyectos industriales, mineros, turísticos y en general, casi todos los proyectos productivos que modifican los entornos naturales, los ecosistemas productivos, la manera de producir y las interrelaciones humanas.
En este sentido, a pesar de la entrada en vigor del convenio 169 desde 1991, no podemos considerar que en México ya se respete cabalmente lo establecido en el artículo 7 de dicho Convenio donde se establece que:
Los pueblos interesados deberán tener derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
El incumplimiento de lo establecido en este artículo es una de las principales causas que vulnera los derechos de los pueblos autóctonos.
Al vulnerarse o violentarse la visión autóctona sobre territorio y medio ambiente
Se auspicia la destrucción de la identidad cultural y en especial del hábitat humano que hace posible la preservación de un entorno eco productivo donde se manifiestan las expresiones culturales y sociales de los pueblos indígenas.
De hecho, existen casos de violencia institucionalizada contra los pueblos indígenas en zonas rurales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz.
No es casual, que sean, precisamente, en “Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero donde predominan los bienes comunales, y donde se desarrolla con más fuerza la lucha indígena por la conservación de su tierra”.
El antropólogo mexicano Sergio Sarmiento ha subrayado que “aunque la Constitución otorga a los pueblos el derecho de reclamar tierras originales, se suele dar el caso de que las autoridades consideren que los papeles que tiene la comunidad no están suficientemente avaladas y a cambio se les ofrece una dotación ejidal”.
Además del conflicto entre las comunidades indígenas y las dotaciones ejidales mal delimitadas, se presentan problemas con pequeños propietarios que en realidad son empresarios agropecuarios, quienes presionan por aumentar la superficie de cultivo o para cría de ganado, actividades orientadas a mercados de exportación. Entre estos empresarios hay aliados del gobierno en turno.
El problema es complejo ya que las comunidades arriendan parte de su territorio, desconocen la delimitación precisa y después de cierto tiempo, los arrendatarios lo reclaman como propio y son apoyados por el aparato burocrático: desde el juez, funcionarios municipales, estatales y federales incluyendo notarios públicos y hasta se corrompe a los presidentes de bienes comunales.
Debe reconocerse que la conflictiva al interior de la comunidad ha aumentado debido a la diferenciación social y económica.
Al respecto el antropólogo Sergio Sarmiento apunta que “la distribución de la tierra no siempre es igual; hay sitios donde el presidente de bienes comunales se apropia de los mejores predios o le da prioridad a sus hijos; en algunas poblaciones las mujeres quedan marginadas.
Estos y otros casos similares crean disgustos que a veces dividen a las familias y llegan a causar muertes. Estas diferencias, a su vez, generan intermediarios y cuasi-caciques,quienes aprovechan la situación para obtener privilegios adicionales.
Sarmiento reconoce que este tipo de conflictos no siempre se aborda por quienes realizan trabajo de campo, pues ello implicaría tomar partido; sin embargo, hablar de ellos permite romper con la idea errónea de que las indígenas son sociedades igualitarias y sin contradicciones (2).
En este contexto, el concepto de la violencia no lo tomamos literalmente en el sentido de represión física, sino como el conjunto de acciones diversas que pueden afectar la integridad y la identidad cultural y psíco-social del indígena.
La violencia defensiva de los indígenas
Puede originarse debido a la vulneración de la costumbre jurídica sobre propiedad comunal en tierras, bosques y aguas así como tradiciones familiares, de trabajo, de medicina y ritos religiosos por agentes externos o intra-comunidad.
La confrontación de elementos de diversas corporaciones de policía y partidas militares con los indígenas -teóricamente infractores de la ley-, en realidad revela que la defensa de la apropiación privada de tierras y bosques por empresarios y una parte de las acciones estatales de “interés público” parten en ocasiones, de un desconocimiento o subestimación de los derechos y usos de la costumbre indígena.
Ha sido significativa la acción del Instituto Nacional Indigenista en los últimas décadas al promover la liberación de miles de indígenas que estaban encarcelados por delitos menores y, en muchos casos, por acusaciones endebles o procesos inconsistentes y viciados de origen.
Se estima que, en Oaxaca y Chiapas, casi el 100 por ciento de la población de las prisiones son indígenas y campesinos pobres, situación que revela parte de la violencia institucionalizada que se ejerce contra las poblaciones autóctonas.
En un contexto amplio, los indígenas responden a una agresión y como pueblo ejercen su derecho a defenderse, de hecho “la única guerra justa, es la guerra de defensa. Todos los pueblos deben tener el derecho de defenderse” según palabras de Juan Pablo II al periodista Yas Gawronsky de La Stampa, Roma, 2 de noviembre de 1993. También Véase: Amnistía Internacional, México, Los Derechos Humanos en Zonas Rurales (Intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas), Madrid, Publicaciones Amnistía Internacional, 1986.
El planteamiento de la investigadora Deborah Dorotinsky en el sentido de que “los fundamentos monolíticos de nuestro estado-nación niegan toda posibilidad de considerar las normas consuetudinarias dentro de la legislación” (3). Si bien corresponde a un amplio período de la realidad contemporánea que excluyó la importancia de la costumbre jurídica, en los últimos años se ha modificado la actitud gubernamental al aceptar a nivel constitucional el carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad mexicana.
El Instituto Nacional Indigenista ha realizado un amplio levantamiento de información, testimonios y experiencias de la vigencia y aplicación del Derecho Consuetudinario y se trabaja en peritajes basados en la costumbre jurídica, que se toman en cuenta en la aplicación de las leyes nacionales.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho recomendaciones en torno a violación de derechos de los indígenas donde contempla el respeto a la costumbre jurídica y su importancia en la defensa de los derechos humanos en el contexto del hábitat indígena.
Tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, los pueblos autóctonos tienen escasa participación “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”
Sin embargo, de manera más frecuente, se observan perspectivas interdisciplinarias que recuperan una visión alternativa del desarrollo y los derechos indígenas como el ensayo de Alan Thein Durning, “Supporting Indigenous People” en State of the World 1993, a World Watch Institute Report on Progress Toward a sustainable Society, Londres-Nueva York, 1993, pp.80-100.
Ecocidas proyectos de explotaciones de recursos naturales no renovables
Ya sea petróleo, gas o minerales, no ha contemplado las necesidades de los pobladores locales, normalmente es a posteriori cuando se llevan a cabo medidas de “compensación” de daños o “indemnizaciones” por terrenos o territorios que se invaden o se expropian por “interés público o de la nación”.
Esta dinámica se sigue con frecuencia en proyectos como presas e hidroeléctricas en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay.
Proyectos turísticos de gran envergadura en México, Indonesia, Madagascar, Tailandia, Islas como Reunión, Mauricio, Seychelles y Hawái que destruyen el entorno natural y modifican las pautas culturales, transformando las culturas autóctonas en manifestaciones híbridas de base mercantil, según lo demostraron diversos estudiosos en un libro publicado por Emmanuel de Kadt, “Turismo ¿Pasaporte al desarrollo?” Washington, D.C., Banco Mundial- UNESCO, 1979.
En el caso de México, existen diversas experiencias de proyectos de desarrollo y modernización que han afectado el hábitat de los grupos indígenas, en algunos casos se ha desplazado a poblaciones enteras sin cumplir con acuerdos pactados o la modificación del entorno ecológico ha dañado ecosistemas y formas de vida y las nuevas tendencias de la acumulación de capital ha operado como imán para atraer poblaciones indígenas a los nuevos polos de desarrollo
El caso de la Riviera Maya es paradigmático
Viven más de 300 mil Indígenas mayas procedentes de Yucatán y Campeche, muchas veces hacinadas y en condiciones precarias cuyas remesas son esenciales para sus familias en sus pueblos de origen, indican los estudios de Dr Pedro Lewin, Antropólogo del INAH-Mérida y la socióloga Estela Guzman Ayala de la Oficina Municipal de Merida que atiende a migrantes.
Por ejemplo, el Eje Regional Ístmico ubicado en la región que integra a los puertos petroleros de Coatzacoalcos en el Golfo de México con Salina Cruz en el Pacífico, la operación de la planta petroquímica La Cangrejera-Pajaritos ha influenciado la conurbación de Minatitlán, Cosoleaque y Acayucan.
Este polo de desarrollo atrae inmigrantes de varios puntos del país y, entre ellos, la población indígena, principalmente mixes, zapotecos del Istmo y de la Sierra de Juárez y nahuas de Veracruz.
En el caso de la región de Salina Cruz, también ha sido un foco de atracción para la población indígena (zapotecos, mixes, huaves y chontales oaxaqueños), lo que ha convertido a Salina Cruz de un enclave mestizo nacional, en una región casi totalmente indígena.
Es evidente que el crecimiento inusitado de las actividades portuarias tiene ya severos impactos ambientales y sociales pero existen pocos estudios sobre las consecuencias que ha tenido y tendrá sobre las poblaciones mixes, zapotecas, huaves y de chontales.
Otros proyectos que han afectado el hábitat de las poblaciones indígenas en esta región son las presas Benito Juárez y la de Cerro de Oro.
El impacto ecológico está documentado, pero la repercusión de los proyectos sobre derechos consuetudinarios y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas desplazados o reubicados ha sido poco estudiada.
Sigue ausente una evaluación de las políticas gubernamentales desde la perspectiva de la preservación del espacio histórico de los pueblos autóctonos y sus derechos sobre tierras, aguas y bosques.
Algunos datos aportados por Nemesio Rodríguez, director del Centro Antropológico de Documentación de América Latina (CADAL) revelan la magnitud del trastrocamiento del Hábitat tradicional indígena: refiriéndose al impacto del Distrito de Riego 19 -D.R. 19- (Presa Benito Juárez) en Oaxaca, señala:
El espejo de agua de la presa inundó el poblado zapoteca de Jalapa de Marqués que era llamado el granero del Istmo; hoy, esta población tiene que traer de otros lugares sus alimentos básicos.
“Además de lo señalado, ha habido una ruptura de la solidaridad comunal zapoteca que les permitía, con base en sus conocimientos precisos del medio ambiente local, cubrir sus necesidades y participar en los mercados regionales con sus excedentes”.
Aunado a lo anterior, y por el desplazamiento de mano de obra que producen las formas productivas del paquete tecnológico impuesto en la región por el D.R. 19, los zapotecos presionan sobre las pocas tierras de sus vecinos, los Huaves, llegando a competir con ellos en la pesca de las lagunas costeras del Pacífico.
A su vez, los Huaves, han visto disminuir su potencial pesquero por el aumento de la salinidad y la contaminación (pesticidas, herbicidas, fertilizantes y petróleo) en sus lagunas.
El investigador Rodríguez manifiesta que a lo largo de veinte años el D.R. 19 ha traído más perjuicios que beneficios a la población indígena local (zapotecos y huaves) no sólo por la destrucción del nicho ecológico regional, sino también porque al destruirlo han disminuido las posibilidades de desarrollo de la población nativa debido a la disfuncionalidad de sus conocimientos e instituciones culturales propias que dejan de ser útiles en la nueva situación y no son remplazadas por otras (cursivas nuestras).
Situación parecida sucede con el proyecto Forestal Sierra de Juárez, en Oaxaca ya que “tanto el proyecto forestal como el incremento del programa ganadero, se encuentran divorciados de la producción de alimentos básicos y de los ancestrales conocimientos integrales del que son portadores zapotecos, mixes y chinantecos, conocimientos que se fragmentan por el impacto negativo unidireccional tendiente a la sustitución del bosque por la plantación y de la fauna silvestre por el ganado vacuno”. (4)
