Hace unos días, la Junta de Castilla y León, en España, anunció que ofrecerán a las mujeres embarazadas que quieren abortar, la oportunidad de escuchar los latidos del corazón de su bebé, una ecografía 4D y atención psicológica.
Ello, suscitó una escalada de opiniones entre las posturas a favor y en contra de las acciones provida, pues dicha Junta es el órgano de gobierno y administración de la comunidad autónoma española de Castilla y León -gobernada por miembros del Partido Popular (PP) y Vox-, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
En respuesta
El gobierno de España publicó un despacho de prensa “en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León de restringir los derechos de las mujeres”.
Se precisa que: El gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Esto es, abortar, en los términos establecidos en la normativa vigente.
El despacho pide también a la Junta de Castilla y León que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la norma actual que regula el aborto en el país ibérico.
