Arturo Ríos Ruiz
En Oaxaca, el “Cártel del Despojo“ opera bajo la sombra del gobierno de Alejandro Murat.
Una red de notarios públicos, funcionarios estatales y federales realiza resurrecciones, desaparece legalmente a personas, altera actas de nacimiento y manipula el Registro Nacional de Población para concretar despojos de inmuebles en Oaxaca. Así lo expone la revista Proceso.
Hay una vieja frase que nació entre los agentes de la desaparecida y mal recordada División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, DIPD, que dirigía Francisco Sahagún Baca:
No hay delincuente que prospere sin protección de la policía.
Por cierto, siempre se pensó y se piensa que elementos de la DIPD, fueron los que arrojaron 26 cuerpos de ejecutados a una lumbrera, en el norte de la capital que, en el fondo, había un río que vomitó cadáveres en la Presa Endó, en terrenos del estado de Hidalgo.
Se trataba de asaltabancos colombianos que, según protegía la misma policía, y que se habían quedado con una millonada de pesos, productos de varios golpes a las empresas bancarias y pagaron con su vida, la osadía.
Las redes criminales
Toda una cartera de servidores públicos enlazados en los trámites y funciones notariales, quienes se han adueñado, ilegalmente, de propiedades mediante operaciones bajo sospecha. Que presentan una vasta simulación en todos los niveles de esa administración oaxaqueña.
Sobre este grupo delictivo, hay 200 denuncias pero, hasta el momento, la autoridad no ha detenido a ninguna persona. El gobierno de Alejandro Murat sólo ha removido de sus cargos a integrantes de dicha red criminal… para entregarles notarías. Aquí es clara la asociación delictuosa.
En las denuncias aparecen los nombres de los notarios públicos:
Rafael Avilés Álvarez, el 133, hermano de Alejandro Avilés, quien fue el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca en la pasada elección; Alejandro Vidaña Luna, 106; Jorge Merlo Gómez, 135; Omar Abacuc Sánchez Heras, 38; Arturo David Vásquez Urdiales, 100 y José Jorge Enrique Zarate Ramírez, el 84.
Este modus operandi, no es nuevo en México. En 2015, el ex dirigente magisterial, Teodoro Palomino denunció a jueces, notarios, autoridades estatales y políticos mexiquenses, a quienes señaló como El cártel inmobiliario, entre los que, aseguró, le querían quitar su propiedad, pues ser víctima de esta mafia. Él defiende a las víctimas, hasta ahora.
El tema de hoy es más delicado en cuanto a que un gobernador es exhibido como parte de los delitos que el hecho encierra, amparados en el encubrimiento gubernamental.
Mucho tiene que explicar el joven Murat, que ha anunciado desfachatadamente que aspira a la Presidencia, cuando la cola que arrastra, está llena de dudas que no le dejan en buena posición ante la sociedad.
