El diputado Javier Herrera Borunda (PVEM) anuncia que el Congreso se alista para procesar un paquete de 19 reformas al Sistema Anticorrupción.
Ivette Sosa
En el marco de la presentación del libro Medir la corrupción, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, advirtió que este flagelo social ha dejado de ser una conducta individual para convertirse en un fenómeno sistémico y multifactorial.
Ante este escenario, reveló que el Poder Legislativo se encuentra a la espera de un paquete de 19 reformas a leyes secundarias anunciado por la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República para reestructurar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El legislador instó a abrir un debate de altura que escuche a los operadores del derecho, la industria y la academia, con el objetivo de dotar al Estado de un andamiaje técnico capaz de anticipar riesgos y procesar datos masivos antes de que los daños patrimoniales se consoliden.
La urgencia de medir la “anticorrupción”
La obra, integrada por 13 autores especialistas, pone el dedo en la llaga sobre un problema metodológico estructural: La dificultad de observar, cuantificar y definir un delito que evoluciona constantemente. Al respecto, coordinadores y expertos del sector público y privado plantearon un cambio radical en las métricas nacionales:
El costo de la opacidad
El coordinador del libro, Antonio Ruiz Porras, reveló que la corrupción devora aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, minando los ingresos y egresos de las finanzas públicas, y agudizando la pobreza y la desigualdad económica.
Enfoque en la prevención
Blanca Patricia Talavera Torres, presidenta del Comité Coordinador del SNA, señaló que existen más de 1,800 buenas prácticas estatales, por lo que el verdadero reto actual no es solo medir la incidencia del delito, sino “medir la anticorrupción” y la eficiencia real de los sistemas de fiscalización.
Capacidad de ejecución
Jaleyna de la Peña Molina (Coparmex) argumentó que México posee un marco normativo completo, pero carece de mecanismos efectivos de ejecución. Sentenció que se debe evaluar la capacidad técnica de las instituciones para investigar, procesar y sancionar de forma multisectorial.
Instituciones que facilitan el delito
Por su parte, Alejandra Ríos Cázares, directora general adjunta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aportó una visión institucional al debate, precisando que la corrupción no es una simple anomalía de los individuos.
Explicó que el fenómeno florece en entornos donde las instituciones facilitan las condiciones al carecer de sistemas eficientes de prevención o sanción, modificando la percepción del ciudadano en su interacción cotidiana con el servicio público.
En este sentido, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del INFOCDMX, y Nancy García Vázquez, coordinadora de la obra, coincidieron en que abordar el problema desde una estricta perspectiva de riesgos interdisciplinarios es la única vía para evitar que las prácticas delictivas aisladas se conviertan en redes complejas de impunidad.
El texto se encuentra disponible de forma gratuita con el propósito de generar diagnósticos científicos que optimicen las condiciones de vida de la sociedad mexicana.
