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El Informe Mundial sobre Drogas 2023, divulgado esta semana por la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes (UNODC), afirma que el narcotráfico y otras actividades criminales están acelerando los impactos ambientales en la Amazonia. La directora del UNODC, Chloe Carpentier, admite que, además de la abundancia de recursos naturales, “la región tiene poca presencia del Estado, mucha corrupción y una economía basada en la informalidad”. Pero, por los menos en Brasil, nadie debería sorprenderse, ni siquiera las autoridades ambientales.
La política ambiental de Brasil, anti-desarrollo, punitiva y restrictiva de las actividades productivas, pavimenta el camino para el crimen organizado en la región, la más pobre del país.
Si el Estado adopta este curso disruptivo
Apoyado por el Estado paralelo del aparato ambientalista-indigenista internacional y sus ONGs, el Estado paralelo del crimen organizado lo agradece. Un editorial del influyente periódico O Estado de São Paulo del 29 de junio observa:
… Regulaciones excesivas de protección ambiental, por más que sean bien intencionadas, pueden sofocar oportunidades económicas, profundizando la pobreza, que, por su lado, forma una amplia base de reclutamiento para los orquestadores de los crímenes socio-ambientales.
