PT impulsa cambios al Artículo 2º de la Constitución: Ningún acuerdo comunitario justificará la entrega de menores.
Ivette Sosa
Ninguna tradición cultural o práctica comunitaria puede estar por encima de la dignidad humana y los derechos de la infancia. Con el firme propósito de erradicar los matrimonios infantiles en todo el país, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta busca establecer con total claridad que bajo ninguna circunstancia, el ejercicio de los usos y costumbres podrá justificar la celebración de uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, plantea que los sistemas normativos indígenas deben armonizarse obligatoriamente con el interés superior de la niñez.
De este modo, se busca garantizar que el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios no sea invocado de forma tramposa para sustraer a los menores de edad de la protección reforzada que ya les otorgan la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es Estado parte.
Una violencia estructural que destruye el futuro
La legisladora Cruz Jiménez subrayó la urgencia de esta adecuación constitucional debido a que en diversas regiones del país, persiste la celebración de uniones tempranas informales que se escudan en la tradición.
Estas prácticas incluyen entregas mediante dote, acuerdos familiares o arreglos económicos que afectan de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes de comunidades con altos índices de marginación, constituyendo una violación directa a sus derechos fundamentales.
A nivel internacional, el matrimonio infantil es reconocido como una grave violación a los derechos humanos y una forma de violencia institucionalizada que frena, de tajo, la igualdad de género.
La diputada detalló que las consecuencias de tolerar estas uniones son profundas, duraderas y multidimensionales, toda vez que detonan entornos de violencia física, sexual y psicológica, obligan a la interrupción educativa y perpetúan los círculos de reproducción de la pobreza.
Eliminar lagunas para proteger la infancia
Aunque México ya cuenta con leyes secundarias que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, el marco normativo actual padece de ambigüedades jurídicas que permiten interpretaciones permisivas a nivel local.
La reforma pretende aplicar el principio de que ningún derecho colectivo o autonomía cultural puede prevalecer sobre el artículo 4° constitucional, el cual mandata resguardar el interés superior del menor. En contextos de desigualdad estructural, el consentimiento infantil carece de validez jurídica, obligando al Estado a intervenir de manera preventiva.
La diversidad cultural es valiosa, pero no puede sostener prácticas que vulneran la dignidad humana, aclaró la congresista, puntualizando que esta reforma no atenta contra la autonomía indígena, sino que define sus límites éticos.
De aprobarse el proyecto, el texto constitucional impedirá que cualquier sistema normativo interno avale el matrimonio infantil, ya sea formal o informal, bajo modalidades culturales, económicas o religiosas, saldando una deuda histórica con la protección de la primera infancia.
