La celebración del 250º Aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, me motivó a hacer una breve incursión señalando algunas analogías entre aquel momento histórico y la actualidad de la presente crisis global.
Lorenzo Carrasco*
La Declaración de Independencia de 1776 fue un hito en la lucha de los ciudadanos de las Trece Colonias contra los abusos del sistema colonial del Imperio Británico: La imposición serial de impuestos destinados a cubrir el enorme agujero causado en el tesoro imperial por los gastos de la Guerra de los Siete Años contra Francia y sus aliados (1756-1763), las restricciones al uso de monedas propias en las colonias para preservar el monopolio del Banco de Inglaterra, la ausencia de representantes coloniales en el Parlamento de Londres y una agresiva presencia de tropas británicas en América del Norte.
Por su carácter universal, permanecen vigentes los principios de Derecho Natural consagrados en la Declaración de Independencia, que sirvieron de fundamento moral y político para el surgimiento de la grandeza económica de la nación, aquí trascribo algunos fragmentos:
Consideramos estas verdades evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos se encuentran la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad; que, para asegurar estos derechos, se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; y que, siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, corresponde al pueblo el derecho de alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, asentando sus fundamentos sobre tales principios y organizando sus poderes de la manera que le parezca más apta para proporcionar Seguridad y Felicidad. (…) Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, persiguiendo invariablemente el mismo objetivo, revela el designio de someterlos al despotismo absoluto, es su derecho y su deber destituir tal gobierno e instituir nuevos guardianes para su seguridad futura (…)
Es evidente que esos principios universales de validez perenne necesitan ir acompañados de políticas económicas capaces de garantizar y asegurar tales derechos, lo que la naciente república concretó a partir de las directrices implementadas por el secretario del Tesoro Alexander Hamilton (1789-1795), que luego llegarían a ser conocidas como Sistema Nacional o Sistema Americano de Economía Política.
Inspirado en las experiencias del dirigismo económico de Jean-Baptista Colbert, controlador general de Finanzas del rey francés Luis XIV, y en los cameralistas austríacos y alemanes de los siglos XVII y XVIII, el principio fundamental del Sistema Americano consiste:
En poner al Estado al servicio de la ampliación y el perfeccionamiento de las capacidades productivas de la nación. En síntesis: protección a las industrias nacientes; desarrollo de la infraestructura física; incentivo a las nuevas tecnologías y a la innovación; y generación y orientación del crédito, en gran medida público, hacia actividades productivas y multiplicadoras de valor.
Es decir, lo opuesto al “libre comercio” predicado por el Imperio Británico como receta para el progreso, en su empeño por preservar para sí las ventajas obtenidas por la Revolución Industrial del siglo XVIII.
Con especificidades propias, tales directrices fueron seguidas por todos los países que ingresaron con éxito en la Revolución Industrial a partir del siglo XIX y alcanzaron altos niveles de desarrollo en el siglo XX.
Por eso, es una ironía histórica que, a partir de la década de 1970, los propios Estados Unidos hayan conducido al mundo hacia el pantanoso camino de la “globalización”, que impuso la supremacía de las finanzas sobre las actividades productivas en general y volvió a colocar el “libre comercio” en el orden del día.
En parte significativa, el giro fue motivado por la necesidad de financiar la expansión del poderío militar estadounidense en el auge de la Guerra Fría, pero el resultado terminó siendo una nefasta combinación de desindustrialización, aumento de las desigualdades y endeudamiento público y privado, cuyos efectos alcanzan hoy un paroxismo que lleva al país a un estado de guerra civil latente y se extienden más allá de sus fronteras.
Como añadido, vale registrar que el maltusianismo y su variante ambientalista, que coloca un cuestionable concepto de protección del medio ambiente en el centro de los procesos económicos y sociales, constituyen factores clave de la ideología “globalita”, que está en el núcleo de la actual crisis global.
Crisis cuyo aspecto más relevante es una creciente pérdida de representatividad de la política como instrumento de promoción del bien común y de las aspiraciones de las sociedades. En gran parte del mundo, las clases políticas son vistas cada vez más como representantes de sus propios intereses, y no de los pueblos a los que deberían servir.
En 28 países, el 70% de los entrevistados por el Edelman Trust Barometer 2026 afirmó confiar poco en personas con valores diferentes de los propios, evidenciando una tendencia de insularidad que aísla a ciudadanos y gobiernos. En Estados Unidos, solo el 33% manifiesta confianza en el gobierno. En el Reino Unido, el 45% declara que casi nunca confía en que el gobierno priorice las necesidades de la nación. En Brasil, la proporción de quienes confían en las instituciones apenas supera el 50%, con una marcada tendencia a la baja.
La crisis global presenta dos caminos para el futuro
Uno se basa en los principios de Derecho Natural fundamentados en la Revolución Americana y en sus directrices económicas, debidamente ajustados a los requisitos del siglo XXI. El otro, una prolongación de los principios “globalistas”, puede desembocar en la anarquía y el terror de los peores momentos de la Revolución Francesa. La mejor opción parece evidente.
*Presidente del MSIA Informa
