Propone el PVEM endurecer sanciones a la complicidad inmobiliaria
Ivette Sosa
El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
La propuesta busca castigar con penas de cinco a siete años de prisión —apretando la punibilidad actual que va de 2 a 7 años— a quien dé en comodato, arrendamiento o alquiler cualquier bien inmueble a sabiendas de que será utilizado para la comisión de delitos vinculados a la trata.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen.
Sin propiedades, no hay logística de explotación
En su exposición de motivos, el legislador sostuvo que las redes de trata dependen de espacios físicos (casas residenciales, hoteles, establecimientos comerciales o ranchos) para ocultar, trasladar y explotar a las víctimas.
La reforma apunta a desarticular las condiciones materiales del delito bajo los siguientes ejes:
- Asfixia logística: Limitar los espacios de operación para facilitar el rescate de víctimas, la recolección de pruebas y la desarticulación de bandas criminales.
- Fin al anonimato: Frenar la impunidad de quienes operan mediante prestanombres, simulaciones legales o contratos de arrendamiento bajo complacencia.
Responsabilidad legal sobre el lucro fácil
López Hernández subrayó que el Poder Legislativo tiene el deber de privilegiar la dignidad humana sobre cualquier interés económico.
Destacó, además, que la enmienda alineará la legislación nacional con los tratados internacionales asumidos por México, los cuales exigen sancionar todas las formas de participación indirecta y debilitar los entornos que facilitan la explotación humana.
