El obradorismo perdurará si predominan las lealtades personales y las redes de poder, pero dependerá más de su capacidad de reproducirse que de la vigencia de un proyecto transformador.
Bernardo Méndez Lugo*
El obradorismo puede definirse como una corriente política y social surgida alrededor de Andrés Manuel López Obrador, pero sostenida también por demandas de justicia, políticas públicas, identidad popular, organización partidista y redes institucionales.
Su permanencia después de López Obrador, plantea una pregunta central: ¿Se convertirá en un proyecto político duradero, basado en valores e instituciones, o conservará su influencia principalmente mediante lealtades personales, cargos, candidaturas y posiciones de poder?
La tesis de este ensayo es que el futuro del obradorismo dependerá del equilibrio entre esas dimensiones. Su fuerza no puede explicarse únicamente por los programas sociales ni por la convicción ideológica de sus simpatizantes.
Millones de mexicanos encontraron en el discurso de López Obrador una respuesta a agravios acumulados —desigualdad, pobreza, corrupción, privilegios y distancia entre las élites y amplios sectores sociales—, mientras que otros se incorporaron a una estructura partidista que ofrece representación, participación y oportunidades políticas. Comprender el fenómeno exige, por tanto, distinguir entre convicción, coincidencia y conveniencia.
El análisis abordará cuatro elementos principales. Primero, las demandas sociales y la identidad política que dieron origen y legitimidad al movimiento. Segundo, el papel de las políticas públicas en la construcción de apoyo, sin reducir automáticamente ese respaldo a un intercambio de beneficios.
Tercero, la transformación de Morena en una organización territorial e institucional, con disputas por candidaturas, cargos y control político. Finalmente, examinará las redes de poder vinculadas con la expansión de funciones estatales, incluida la participación de las Fuerzas Armadas en proyectos estratégicos, así como los contratos, proveedores, controles y mecanismos de rendición de cuentas asociados.
El obradorismo ofreció reconocimiento político a grupos que se sentían relegados y articuló demandas relacionadas con la desigualdad, la pobreza, la corrupción y los privilegios.
Esa dimensión social ayuda a explicar su capacidad de convocatoria y su permanencia después del gobierno de su fundador.
La identidad política no opera de manera aislada
Se relaciona con experiencias concretas, expectativas de cambio y evaluaciones sobre las políticas públicas.
Una investigación publicada en Estudios Políticos examinó precisamente la relación entre la aprobación del gobierno de López Obrador y la condición de beneficiario de programas sociales.
El estudio utilizó información de encuesta y aplicó procedimientos estadísticos para comparar la aprobación presidencial entre personas beneficiarias y no beneficiarias, incorporando variables sociodemográficas y políticas con el propósito de evitar que la asociación observada, se atribuyera exclusivamente a una sola característica de los entrevistados.
Sus resultados encontraron una relación estadísticamente significativa entre ser beneficiario de programas sociales y expresar una mayor aprobación del gobierno.
Ese hallazgo es relevante porque sugiere que las políticas sociales pudieron contribuir a la evaluación positiva del gobierno. Sin embargo, la metodología identifica, principalmente, una asociación, no una relación causal definitiva.
El hecho de que una persona reciba un apoyo y apruebe al gobierno no demuestra por sí solo que el beneficio haya producido esa aprobación. También pueden influir la identificación partidista, la percepción de la economía, la confianza en el presidente, las condiciones del hogar, la información disponible, las expectativas de movilidad social o la valoración general del proyecto político.
Además, los estudios basados en encuestas enfrentan límites conocidos: Dependen de la calidad de las respuestas, de la forma en que se definen y miden variables como “beneficiario” o “aprobación”, y del momento específico en que se levantaron los datos.
Una encuesta puede mostrar patrones de opinión, pero no necesariamente permite reconstruir la trayectoria individual de los beneficiarios ni determinar si el apoyo político se mantiene cuando cambia el monto, la cobertura o la continuidad del programa. Tampoco prueba que todos los beneficiarios compartan las mismas motivaciones.
Por ello, la investigación debe interpretarse como evidencia de una relación relevante, pero no como prueba de que los programas sociales hayan comprado voluntades o explicado por sí solos el respaldo al gobierno.
Su principal aporte consiste en mostrar que las políticas públicas forman parte del contexto en el que los ciudadanos evalúan a las autoridades. Su principal límite es que no permite reducir esa evaluación a un intercambio automático entre transferencia y voto.
Recibir una pensión, una beca o cualquier otro apoyo no determina por sí mismo la posición política de una persona. Un ciudadano puede respaldar una política porque mejoró su vida, o criticarla por su diseño, cobertura o resultados.
También puede valorar el programa y, al mismo tiempo, desaprobar al gobierno que lo administra. Por ello, los programas sociales deben evaluarse como instrumentos públicos, atendiendo a sus efectos, reglas de operación, cobertura, focalización, suficiencia, continuidad y mecanismos de transparencia, sin formular suposiciones uniformes sobre sus beneficiarios.
La persistencia de Morena confirma que parte de ese discurso conserva capacidad de convocatoria. Justicia social, prioridad a los sectores populares, combate a los privilegios y soberanía nacional, siguen presentes en el debate mexicano.
Sin embargo, no todo apoyo nace de una convicción ideológica plena, ni todo respaldo se explica por una ventaja material. La política combina valores, experiencias, expectativas y evaluaciones prácticas.
Morena dejó de ser únicamente un vehículo electoral
Se convirtió en una organización territorial e institucional. En ella conviven militantes comprometidos, participantes comunitarios, aspirantes a cargos, funcionarios, dirigentes locales y simpatizantes recientes.
Esa diversidad puede fortalecer al partido, pero también generar competencia por candidaturas, posiciones y control territorial.
Por eso conviene distinguir entre convicción, coincidencia y conveniencia. Una persona puede compartir ideas del movimiento y aspirar a un cargo; otra puede ocupar una posición sin identificarse plenamente con el proyecto; una tercera puede respaldar ciertas políticas sin asumir toda la agenda obradorista. Estas motivaciones pueden coexistir y no siempre son fáciles de separar.
Las redes de poder forman parte de este proceso. La participación de las Fuerzas Armadas en megaproyectos, infraestructura, administración y servicios estratégicos amplió su presencia en ámbitos tradicionalmente civiles.
Esa participación puede justificarse por capacidad operativa o interés nacional, pero plantea preguntas sobre transparencia, supervisión civil, competencia y rendición de cuentas.
También deben examinarse los contratos, proveedores y subcontrataciones vinculados con esos proyectos. No es correcto atribuir irregularidades sin pruebas, pero sí preguntar bajo qué procedimientos se asignaron los recursos, qué controles existieron y si se generaron dependencias entre instituciones públicas, Fuerzas Armadas y empresas participantes.
Desde mi perspectiva, como mexicano y diplomático de carrera, el legado de López Obrador debe evaluarse con distancia histórica. Será necesario distinguir avances de retrocesos, valorar los programas por sus resultados y examinar la concentración de funciones con documentos y datos verificables.
El obradorismo perdurará si convierte sus demandas de justicia e inclusión en instituciones democráticas, políticas eficaces y mecanismos de participación. Si predominan las lealtades personales y las redes de poder, conservará posiciones, pero dependerá más de su capacidad de reproducirse, que de la vigencia de un proyecto transformador. Las ideas sobreviven al poder cuando se convierten en instituciones y valores compartidos.
