Durante el foro 3 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), legisladoras, legisladores y expertos abordaron el tema Urna Electrónica.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), explicó que se busca conocer las experiencias sobre la implementación de la urna electrónica, qué seguridad tiene y con qué métodos se puede dar confianza a los actores, tanto autoridades, votantes y partidos políticos; sus costos y si pudiera desplazar al procedimiento ordinario tradicional de la recepción del voto, así como en qué países se ha utilizado.
Destacó la importancia de profundizar en aspectos como si sería posible impugnar el resultado de la urna electrónica, con qué medios procesales y cómo se reconstruiría el desarrollo de toda la jornada, encerrado en una urna electrónica.
En un futuro muy próximo estaremos haciendo uso del voto electrónico o por medio del Internet, argumentó.
La diputada del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, se pronunció a favor de las innovaciones que generen una mejor disposición de recursos, pero para que esto suceda y podamos utilizar herramientas que permitan ser más eficaces y efectivos, debemos tener un INE fortalecido, del que nos sintamos seguros y en el que todos sintamos confiabilidad.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo que se dará mayor certeza si el elector ve el voto impreso pero no lo puede tocar, y cayera en la urna, porque se corre el riesgo de que se lo lleve y podría haber una discordancia entre las boletas extraídas de la urna y las personas que votaron, lo que podría ser una causal de impugnación.
El ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, dijo que el voto electrónico es viable si se aplica correctamente. Planteó analizar un diseño que aborde las mejores prácticas y no descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano, para abatir los despliegues logísticos costosos por la impresión y distribución de millones de boletas.
Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, dijo que la urna electrónica se ha implementado en Coahuila desde 2005. Explicó que se trata de un dispositivo para registrar de forma inmediata el sentido del voto y tener resultados finales de manera inmediata al término de la jornada electoral.
Destacó que el costo y su implementación deben ser paulatinos. En las últimas elecciones se han utilizado 50 urnas electrónicas, lo que implica el uno por ciento de los votos que se recolectan y es muy poco.
Daniel Mora Ortega, secretario de Actualización Legislativa de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, afirmó que se deben medir los riesgos y tener una legislación específica.
Consideró que una reforma secundaria debe contemplar mecanismos para la inscripción en el Padrón Electoral. Se debe pensar en cómo se pondrán en la ley los mecanismos para que se instale, opere y sobre los supuestos de anulación individuales y votación recibida por casilla o centros de votación.
Vía Zoom, Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, afirmó que el voto electrónico es posible, pero para implementarlo se necesitan consensos políticos:
Quizá eso sea lo primero que se tenga que alcanzar y para conseguirlo es necesario analizar los beneficios y las desventajas que ofrece un nuevo sistema. Indicó que se debe contar con los medios que comprueben la identidad del votante, que el sufragio sea libre y una sola vez y que cumpla con idénticos requisitos de fiabilidad que el voto manual actual.
Alejandro Ricardo Femat Flores, investigador titular de la División de Matemáticas Aplicadas del IPICYT, señaló que, aunque el derecho al voto es fundamental, también los es la garantía de datos personales, sobre todo los que son sensibles.
Se debe contar con cuatro elementos de seguridad, como lo es la protección de datos personales sensibles, identificación del votante y casilla, integridad, trazabilidad y disponibilidad del dato, lo que incluye la custodia digital del voto, así como ciberseguridad ante ataques y amenazas.
