La Comisión de Seguridad Social, que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), aprobó, por 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyos fines serán recibir, administrar, invertir y entregar los recursos que le sean aportados conforme a las disposiciones aplicables, pudiendo establecerse aportaciones adicionales a su patrimonio.
Se precisa que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social, los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables.
Ello, siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social a partir del día primero de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del Fondo, así como a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda
Como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario, y en términos de lo que establezca el Decreto que el Ejecutivo Federal emita dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
Señala que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.
También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que éste o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo.
En el caso de los trabajadores del Estado
Indica que el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos, al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE.
Añade que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, éstos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual no será aplicable a las relaciones laborales activas.
Los recursos del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos a los institutos de seguridad social.
Meter mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores
Desde plataforma digital, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) destacó que es un dictamen de enorme importancia y trascendencia para la clase trabajadora del país, pero pretende que los fideicomisos formen parte de la bolsa general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como meter mano a los recursos pertenecientes a los trabajadores, cuando estos son privados y no son recursos públicos; además, hay inquietud por los recursos de los trabajadores en activo.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) se manifestó en contra porque no se menciona nada con relación a la campaña de recuperación y vienen cosas ilusorias. Además, hay cuestiones de forma como que dice: “las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública”, cuando debe decir “las instituciones de naturaleza pública que realicen funciones similares”, se refieren a Pensionissste, y dice “las administradoras prestadoras de servicios”, cuando debería señalar “las empresas prestadoras de servicios”.
Por zoom, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) dijo que con la reforma se pretende que los recursos de las cuentas de Afore que no hayan sido reclamadas por los pensionados o beneficiarios, puedan ser operadas por el Gobierno Federal para mover dichos recursos e integrar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Ello -subrayó-, va en contra de miles de mexicanos y mexicanas que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro, porque es propiedad privada, no es del gobierno y éste no lo puede disponer.
Tereso Medina Ramírez (PRI) señaló hay muchas dudas y confusiones respecto de la reforma e hizo un llamado a poner en la mesa nacional a las y los trabajadores y las familias de México.
Vía digital, el diputado René Figueroa Reyes (PAN) aclaró que no están en contra de las y los trabajadores, sino de que se quiera robar el dinero de éstos.
Se pretende pasar el dinero directamente a un fideicomiso sin necesidad de una resolución judicial, lo que es inconstitucional. Sin una supervisión adecuada y mecanismos de control efectivos, puede haber un mayor riesgo de que los fondos de retiro sean utilizados de manera inapropiada o desviados para otros fines, fustigó.
Por zoom, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba dijo no coincidir con los términos en los que está redactado el dictamen, pues si bien las disposiciones tienen un sentido loable, presentarla como la gran solución a la compleja problemática que enfrenta el sistema de pensiones lo convierte en una gran mentira.
Estamos a favor de que haya pensiones que permitan vivir con dignidad en la etapa de retiro laboral, pero es a costa de los recursos de los propios trabajadores, por lo que no debe haber restricciones para que las personas pensionadas reciban una pensión digna.
