El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para incrementar las sanciones a quienes ilícitamente, o sin aplicar medidas de prevención o seguridad, realicen actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier actividad con sustancias peligrosas.
Plantea modificar el artículo 414, a fin de establecer de cinco a nueve años de cárcel, en lugar de uno a nueve, y multa de dos mil a tres mil días; la actual es de 300 a tres mil días.
La iniciativa, que analizará la Comisión de Justicia para ser dictaminada, estipula que si esas actividades se realizan en un área natural protegida, la pena de cárcel se elevará hasta en cuatro años y la económica hasta en dos mil días multa.
Esas conductas generan riesgos significativos, especialmente en zonas urbanas y ecosistemas estratégicos, lo cual requiere una regulación penal más clara, efectiva y actualizada.
Destaca el legislador que, debido a la experiencia en su aplicación y los retos actuales en materia de contaminación industrial, manejo de residuos electrónicos, químicos y aceites usados, es necesario reformar las penas actuales para fortalecer la prevención, sanción efectiva y protección de sistemas críticos.
Los objetivos principales son precisar y actualizar los supuestos normativos relacionados con sustancias peligrosas, residuos y sustancias agotadoras de la capa de ozono, y fortalecer las sanciones para actividades ilícitas en áreas naturales protegidas y zonas urbanas de alto riesgo.
Evitar vacíos legales y excepciones que propicien la impunidad
Asegurando la proporcionalidad y efectividad de la norma; incorporar un enfoque preventivo y de gestión ambiental integral alineado con compromisos internacionales asumidos por México, e impulsar la cultura de cumplimiento ambiental, promoviendo la responsabilidad social e institucional en la protección de los ecosistemas, precisa López Hernández.
La iniciativa armoniza el artículo 414 con las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que reflejan la obligación de proteger el medio ambiente desde un enfoque de prevención, responsabilidad y desarrollo sostenible, que debe reforzarse con un tipo penal actualizado.
Asimismo, consolida un marco penal eficaz y moderno que garantice la prevención y sanción de delitos ambientales, proteja los ecosistemas y los recursos naturales, y contribuya al desarrollo sostenible, en consonancia con la normativa nacional y los compromisos internacionales del Estado mexicano.
