En el marco del Foro 22 de la reforma eléctrica: “Electricidad como derecho humano de rango constitucional”, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), señaló que todas las ponencias recibidas a lo largo de estas seis semanas de trabajo, donde se ha escuchado la postura de la sociedad civil, colectivos sociales, representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, cámaras empresariales, académicos, servidores públicos y ciudadanos, serán tomadas en cuenta para enriquecer el trabajo y encontrar puntos de entendimiento que generen un dictamen que reúna no sólo la parte constitucional, sino la viabilidad y vocación social.
Explicó que una vez que concluyan los foros, las tres comisiones involucradas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Puntos Constitucionales y Energía, iniciarán el análisis y discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Cambiar condiciones de despacho aumentaría precio final
Claudia Aguilar Barroso, directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, dijo que la reforma planteada por el Ejecutivo puede no ser idónea para proteger el derecho al acceso a la energía eléctrica. Añadió que la iniciativa propone modificaciones en las condiciones del despacho y aprovechamiento que causarán un aumento en el precio al consumidor final.
Indicó que la electricidad es esencial para garantizar otros derechos, por lo que se debe asignar gasto en esta materia y buscar acceso universal al servicio, mayor cobertura y tarifas justas.
Refirió que el Estado debe garantizar ese derecho con medidas adecuadas y eficientes e implementar acciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales para su realización.
Recuperar todo el sector energético para los mexicanos
Enseguida, Martín Esparza Flores, secretario general de la Confederación Nacional de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), afirmó que es necesario evitar la privatización de la industria eléctrica y regresar al Estado mexicano una de las áreas estratégicas de seguridad nacional y desarrollo económico y social del país.
Agregó que si no se frenan los contratos a largo plazo que tiene la CFE con productores independientes dejará en nuestro país otro Fobaproa, pero eléctrico, porque se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años y quien termina pagando los costos son los usuarios.
No representa una visión de derechos humanos
Maciel Berenice Salazar Sánchez, profesora de la especialización en derecho energético de la Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que la reforma propuesta no representa una visión de derechos humanos, toda vez que hace un falso dilema entre lo que es la participación privada y las libertades fundamentales; además, con las reglas de despacho se desincentiva la generación de energías limpias.
Argumentó que esta reforma es regresiva, pues generará más contaminación, aumento en las tarifas y subsidios; asimismo, da un poder regulatorio y operativo a la CFE, lo cual no es democrático ni incluyente al no establecer la posibilidad de participación de la sociedad en la transición energética, y no habla de los derechos de los pueblos indígenas.
Debe considerarse en la Constitución para que sea una obligación
David Peña Rodríguez, defensor de derechos humanos, resaltó la importancia de reconocer el derecho humano de acceso a la electricidad en la Constitución, para hacerlo una obligación, pues la actual CFE actúa bajo una función mercantil y como una empresa privada.
Puntualizó que uno de los principales efectos que se busca con la propuesta es que se pueda hacer una discusión en términos de la legislación secundaria sobre la asequibilidad, es decir construir una tarifa social justa, así como tener una restructuración de la CFE para que sea un ente del Estado que garantice el derecho humano.
Miriam Vargas Teutle, comunicadora indígena e integrante de la Red Nacional Futuros Indígenas, pidió reorientar el debate respecto a la transición energética hacia principios de justicia y democracia, indispensables para el interés de los pueblos y comunidades del país. Reconoció la urgencia de transformar el modelo energético hacia uno bajo en carbono, pero más eficiente, responsable, equitativo y sostenible.
Pidió reconocer que las principales causas de esta crisis socio-ambiental radican en un modelo desarrollista basado en un excesivo y asimétrico consumo energético fundado mayoritariamente en los combustibles fósiles.
Diversas corporaciones nacionales y extranjeras presentan como solución una falsa transición energética que, enmascarada de verde, se materializa en nuestro territorio mediante megaproyectos, pero solo cambian la tecnología sin cuestionar las injusticias de fondo, modelos de consumo y explotación de la energía, arguyó.
