La falta de estado de derecho en Chiapas, gobernada por Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, se manifiesta a través de una crisis estructural caracterizada por elevados índices de impunidad, corrupción, inseguridad y la reducción del espacio cívico para defensores de derechos humanos.
Ivette Sosa
Ello, aunado a que la entidad enfrenta retos persistentes como la pobreza extrema (38.3% en 2016), rezago educativo y conflictos interétnicos, resultando en un lacerante estancamiento en la justicia y el respeto a la legalidad.
Para ejemplificar, la Iglesia Católica denuncia abuso en la detención de cinco hombres en Chiapas, ocurrida el pasado 22 de enero en Pueblo Nuevo. La Diócesis de Tuxtla Gutiérrez lanza una fuerte denuncia contra las autoridades estatales.
Esta denuncia se suma al clima de tensión que se vive en diversas regiones de Chiapas. La postura de la Iglesia católica local, suele ser un termómetro importante de la situación social en la entidad; en particular, cuando señala directamente la falta de protocolos y abusos en la actuación de las fuerzas estatales, implicando presunta violencia física y vulneración de derechos humanos.
La denuncia va dirigida contra las autoridades estatales, cuestionando la legitimidad de los métodos utilizados durante el operativo.
La Diócesis, que ha tomado un rol de observador y defensor en Chiapas, demanda no solo la revisión del caso y la integridad de los detenidos, sino también un alto a la criminalización en zonas de conflicto social o agrario.
Disputas territoriales
Pueblo Nuevo y las zonas aledañas han enfrentado periodos de inestabilidad debido a disputas territoriales, políticas y de seguridad. Cuando la Iglesia interviene con una “denuncia contundente”, generalmente lo hace tras haber recopilado testimonios directos de la comunidad o de los familiares afectados.
La situación ha escalado significativamente en los últimos días, pasando de una denuncia eclesiástica a una exigencia formal de libertad por parte de familiares y organizaciones civiles.
Entre los detenidos se encuentran Orbey “N” y José “N”, quienes han sido señalados por sus familias y la Diócesis, como servidores de la Iglesia.
Tras varios días en los que sus familiares denunciaron falta de información (un periodo que calificaron como desaparición forzada temporal), se confirmó que se encuentran recluidos en el penal de San Cristóbal de Las Casas, desde finales de enero.
Existe una preocupación especial por la salud de Orbey, quien padece una condición preexistente en la columna vertebral que podría agravarse, debido a las condiciones de reclusión y los presuntos maltratos durante la detención.
Se señala directamente a elementos del Grupo Pakal (Fuerza de Reacción Inmediata de la policía estatal), de haber realizado la detención sin presentar órdenes judiciales.
Fabricación de delitos
Las familias y la Iglesia sostienen que los cargos han sido fabricados para criminalizar su labor comunitaria.
Denuncian que hubo tortura y que se les mantuvo incomunicados inicialmente para obligarlos a firmar confesiones o declaraciones contradictorias.
Los abogados de los detenidos señalan que los informes policiales presentan variaciones graves en cuanto a “modo, tiempo y lugar”, lo que según ellos demuestra que la operación fue ilegal.
Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la validez de la detención dentro de sus informes mensuales de enero de 2026, aunque no ha emitido un comunicado específico que responda a las acusaciones de tortura de la Iglesia.
Cabe señalar que recientemente se detuvieron a cuatro miembros de la Fuerza Pakal, por presuntos delitos de extorsión, lo que ha reforzado los argumentos de la Iglesia sobre el comportamiento irregular y abusivo de este cuerpo de élite.
Prácticas de terrorismo de Estado
El pasado 20 de febrero, en Chiapas se registró un enfrentamiento entre miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y agentes de la policía local, quienes presuntamente habrían acudido a atender un bloqueo carretero instalado en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones contra agentes de la policía, tras la disputa que se habría realizado a la altura del ejido Río Florido.
En tanto, el FNLS informa que se encontraba realizando un acto político de volanteo, para protestar contra lo que denominan violencia institucional, crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado, los cuales se habrían agudizado al iniciar el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador y el de Rutilio Escandón Cadenas, como parte de la ofensiva contra las organizaciones populares independientes de esta localidad.
Aunque el acto se realizaba de forma pacífica, FNLS fustiga que los elementos de seguridad utilizaron gases lacrimógenos. Acusan al gobierno local de haber ingresado al Ejido Río Florido, fuertemente armados.
Las fuerzas represivas están incursionando con tanquetas blindadas, efectivos quienes están realizando detonaciones con armas de fuego y apoyados por helicópteros de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, poniendo en riesgo la vida de los pobladores, advirtieron.
