PVEM va por reforma a la Ley General de Salud: Exigen terapia intensiva y neonatólogos obligatorios
Ivette Sosa
La expectativa de vida de un bebé en México no debe depender de su nivel socioeconómico ni del estado donde nazca. Bajo esta premisa, la diputada María Graciela Gaitán Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.
El objetivo primordial es garantizar por mandato legal una atención médica integral, especializada, inmediata y oportuna a todas las personas recién nacidas de forma prematura en el territorio nacional.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud para su dictaminación, establece la obligación del Estado para proveer estabilización clínica, monitoreo constante, tratamientos médicos avanzados, vigilancia hospitalaria estricta y un seguimiento puntual de las complicaciones derivadas de la prematurez.
Además, mandata a las autoridades sanitarias a diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional, sistemas de referencia y contrarreferencia, y esquemas de continuidad hospitalaria eficaz.
Una brecha médica que cuesta vidas
La diputada Gaitán Díaz fue tajante al señalar que la justicia social comienza desde el nacimiento, por lo que ningún infante debe enfrentar desventajas estructurales debido a la falta de infraestructura médica.
Al recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el parto prematuro como aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, la legisladora alertó que en México nacen, anualmente, entre 180 mil y 200 mil bebés bajo esta condición de vulnerabilidad.
Sin una intervención médica especializada e inmediata, estos recién nacidos enfrentan peligros graves debido a la inmadurez de sus órganos vitales. Entre los principales riesgos clínicos destacan el síndrome de dificultad respiratoria, la sepsis neonatal, hemorragias cerebrales, enterocolitis necrosante y afecciones que pueden derivar en discapacidades visuales, auditivas, motrices o cognitivas permanentes.
Por ello, la reforma plantea que la prematurez deje de verse como un simple evento obstétrico y se asuma como una prioridad de salud pública nacional.
Fin al sesgo del código postal
El documento expone que, actualmente, la supervivencia de un bebé prematuro está condicionada por factores inequitativos como la capacidad hospitalaria local, la disponibilidad de incubadoras y el acceso a unidades de terapia intensiva neonatal o personal especializado.
Esta realidad refleja una desigualdad territorial históricamente acumulada. No puede permitirse que la expectativa de vida de una persona recién nacida sea determinada por su código postal, enfatizó la congresista.
Aunque el marco legal vigente contempla la atención materno-infantil, la regulación específica para el paciente prematuro exhibe vacíos operativos severos que ponen en riesgo cientos de vidas diariamente.
Con la aprobación de esta reforma, el Poder Legislativo busca reconocer jurídicamente al prematuro como una prioridad de atención absoluta, robustecer la protección a la primera infancia, disminuir de forma drástica la tasa de mortalidad neonatal y democratizar el acceso a servicios médicos de alta especialidad en todo el país.
