La destrucción del Poder Judicial comenzó a partir del desaire que, según López Obrador, le hizo la Ministra presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández, el 5 de febrero del 2023, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando llegó a dar su discurso en Querétaro, y ella no se levantó de su asiento. Mas aún, cuando diferentes jueces y magistrados le echaron para atrás, varias iniciativas de reforma y leyes secundarias, las cuales no respetaban la Constitución. Eso le causó mucha molestia, así se empezó a escribir la crónica anunciada de la destrucción del poder judicial.
Mary Sandoval*
Muchos nos hemos preguntado el por qué ahora se va a votar para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia; por qué se está politizando a la justicia (es decir, las campañas de los aspirantes a esos cargos del poder judicial).
El gobierno de la 4T (tanto el de López Obrador como el de la presidente Sheinbaum) se jactaron en decir que la justicia, ahora sí, será para todo el pueblo de México, que ya no será como en los gobiernos neoliberales.
¿Acaso es verdad lo que afirman los gobiernos de la 4T? Esta frase de Aristóteles, responde ese cuestionamiento que nos hacemos muchos mexicanos: “Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”.
El país que elige a los jueces por medio del voto popular
En el año 2009, en la Constitución de Bolivia, se menciona el método del cómo elegir a los jueces, y ese sería el voto popular. Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido en dos ocasiones a las urnas (en 2011 y 2017), para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011, un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anularon su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas. Un detalle a considerar, el votar es obligatorio en Bolivia. Así que todos los ciudadanos deben acudir a las urnas, porque, de lo contrario, hay penalización.
El problema es el siguiente: Como son muchos candidatos a esos cargos que, a la hora de votar, lo dejan en blanco o lo anulan, como lo menciona el jurista Farit Rojas en el documento antes citado. La gran pregunta es: ¿Realmente fue bueno o idóneo votar de manera popular por los candidatos a jueces sin conocer sus trayectorias?
¿Funcionará en México ese modelo de elección para jueces, magistrados y ministros de la SCJN?
Si en Bolivia anulan el voto, ¿creen ustedes que en México no pase lo mismo? Muy pocos han investigado quiénes serán los candidatos, menos hacen un análisis de su “trayectoria”. Sinceramente, no se votará, se anulará ese voto, y si nos atenemos a la actuación del partido oficial, ocultarán la realidad. De entrada, ¿Por qué los funcionarios de casilla no contarán los votos?
En mi artículo Reforma judicial: la venganza de un solo hombre, comenté lo siguiente: S in duda, el “proceso electoral” para elegir a un juez, magistrado o ministro, estará lleno de inconsistencias. Se puede prestar para que se ponga a alguien que, ni siquiera participó en la elección y ocupe el puesto. Se dice que los partidos políticos no tendrán que ver en el proceso, pero como se ha manejado y maneja el partido oficial, no dudemos que ese candidato a juez o magistrado sea militante o tenga su corazón morenista.
Es un riesgo latente de que el partido Morena, con la fachada del INE, organice la elección; y ya se vio quién realmente está organizando todo este circo, aunque muchos lo quieran negar. No hay un antecedente histórico de elección popular para jueces, magistrados y ministros de la SCJN en el país. Según la 4T, México es el primer país en el mundo que va a elegir a quienes impartirán justicia, pero no es verdad.
Hemos visto que el procedimiento para elegir a los candidatos, los mismos morenistas no lo respetan. De acuerdo a medios periodísticos, las actuales ministros de la SCJN, Yasmin Esquivel Mossa (la ministro plagiaria), Loretta Ortiz y Lenia Batres (la ministro del pueblo, como quiere que la llamen), se postularon pasado el tiempo límite de registro, y están en franca campaña.
Hay casos de personas capacitadas o aptas para los cargos, y los dejaron fuera del proceso. Como le pasó a Roberto Gil Zuart, militante panista, que buscaba la candidatura a ministro de la SCJN. Peor aún, es muy probable que el crimen organizado también esté participando en la elección de los candidatos.
En conclusión, la justicia en México se convirtió en un grandioso botín político para el partido Morena y su caterva de lacayos. Jurídicamente hablando, vamos a estar indefensos:
Se augura una vulgar corrupción en la impartición de justicia, porque sólo se defenderá a los amigos, parientes, compadres y seguidores férreos del autocrático Poder Ejecutivo y su gabinete. Y, más grave aún, dar un manto total de impunidad a la criminalidad.
