Después de una muy prolongada espera de la sociedad mexicana por casi 94 años en materia de radio y 64 años en el ámbito de la televisión, para actualizar el viejo pacto normativo de comunicación colectiva entre el Estado y la sociedad; la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión logró reconocer en el año 2013 la existencia de los Derechos de las Audiencias.
Javier Esteinou Madrid*
Esto debido a que asombrosamente durante muchas décadas tales garantías no fueron considerados por el Estado, ni por las empresas de radiodifusión privadas, ni tampoco públicas, pese a que el gobierno mexicano, en numerosos casos, firmó diversos acuerdos internacionales donde aceptó la relevancia de estas prerrogativas civiles y se comprometió a cumplirlas.
La paciencia histórica ciudadana
Dichos progresos jurídicos en el ejercicio de la comunicación social permitieron que el Estado tutelara este bien público ejercido en el espectro radioeléctrico. Con ello, los medios de comunicación, públicos y privados quedaron sujetos a cumplir con estas nuevas responsabilidades en el servicio de radiodifusión que ofrecen a la sociedad.
En pocas palabras, fue asombroso que tuvieran que transcurrir casi un siglo para que la sociedad alcanzara estas potestades comunicativas elementales que son primordiales para existir como ciudadanos comunicativos ante el Estado y los grandes poderes mediáticos del siglo veintiuno.
Mediante la aceptación del conjunto de estas bases jurídicas, el Estado cubrió una laguna fundamental para la construcción básica de la ciudadanía abandonada durante muchas decenios, abriendo una importante puerta para avanzar en la edificación de la democracia mediática en el país.
El retroceso
Sin embargo, pese dicho trascendental avance jurídico-cultural en la esfera comunicativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo anularon estos progresos a través de la contra reforma comunicativa denominada “Ley Televisa-II”, ejecutada en noviembre de 2017, renunciando al compromiso constitucional de reconocer tales garantías comunicativas fundamentales que tres años antes habían aprobado con plena convicción en el Congreso de la Unión, presumiéndolas mundialmente como un gran éxito alcanzado en el ámbito de los derechos humanos del país. De esta forma, la Cámara Baja aprobó concertadamente diversas iniciativas por separado para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), pues se argumentó que esas iniciativas atentaban contra los derechos humanos.
Con la venia de la contrarreforma comunicativa se ejerció una fuerte violencia jurídico-política de Estado hacia las audiencias, permitiendo que garantías comunicativas vertebrales de los públicos reconocidas en el corazón de la Constitución Política Mexicana, después de muchas décadas, fueran anuladas para favorecer los intereses económicos, políticos y culturales de los oligopolios de la televisión, produciéndose un severo retroceso comunicativo para la sociedad mexicana.
El abandono gubernamental
Empero, no obstante que a lo largo de toda la gestión del nuevo gobierno AMLO/Morena durante 2018-2024 se auto presentó ante la opinión pública como un gobierno de justicia, de renovación, de igualdad social y de Cuarta Transformación Histórica de la sociedad mexicana; paradójicamente, en los principales documentos fundacionales que definieron la política estratégica del programa de desarrollo correspondiente a este periodo de gobernabilidad, nunca mencionaron, ni rescataron, ni incluyeron los Derechos de las Audiencias.
Así, ni en el contenido del “Nuevo Proyecto de Nación”, ni en los “Ejes y Propuestas de Nuestro Proyecto de Nación”, ni en el discurso de “Clausura de Campaña como Candidato Triunfador en el estadio Azteca”, ni en el la reflexión para “Rendir protesta como presidente”, ni en el “Reconocimiento como presidente electo” en el Zócalo de la CDMX, ni en la “Entrega de su constancia como presidente electo en el TRIFE”, ni en la “Política de Comunicación Social del Gobierno Federal”,[1] ni en el “Plan Nacional de Desarrollo”[2], etcétera, en ninguna de éstas bases ideológicas y operativas cardinales se incluyó, retomó o impulsó a los Derechos de las Audiencias como garantías ciudadanas que deben gozar todos los mexicanos.
En este sentido, pese a que desde el año 2013 los Derechos de las Audiencias quedaron reconocidos en el artículo 6°, fracción VI, de la Carta Magna; en el artículo 256° de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en su Reglamento de Leyes Secundarias respectivas; y en el Artículo 5° de los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Audio Restringidos formulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); para la novel jefatura gubernamental el proteger y propulsar tales potestades, no fue una política pública relevante, ni una prioridad de derechos humanos, ni un desafío necesario de encarar en su gestión, y por ello, los abandonó rotundamente.
Con dicho marginamiento estratégico se demostró que para el actual régimen de la Renovación de la Esperanza, los públicos deben continuar siendo fundamentalmente receptores sometidos de la información de la radiodifusión privada y pública y no sectores activos que demanden el cambio del sistema de comunicación colectiva en México.
Debido a esto, no apareció ninguna referencia sobre estas garantías fundamentales de la nueva ciudadanía del siglo veintiuno en ninguno de los documentos centrales que definieron el corazón de la política de comunicación del novel régimen de izquierda nacionalista. El gobierno morenista de la Cuarta Transformación prefirió que el país no se trasformara en materia de derechos comunicativos, haciéndole el juego a los intereses mercantiles de los grandes monopolios privado-comerciales de la comunicación electrónica y a las presiones propagandistas del oficialismo gubernamental.
Ello constató que el régimen de la Revolución de las Conciencias optó por mantener la estructura tradicional del antiguo sistema del poder mediático que robustece a la Cuarta República Mediática que se construyó en el país con el fortalecimiento desmedido de los oligopolios de la radiodifusión y la debilidad de los medios públicos subordinados al estatismo, donde los ciudadanos únicamente permanecimos como espectadores para consumir mercancías, servicios y propaganda oficial; pero no con derechos constitucionales que nos faculten para participar activamente en la construcción del espacio público de la comunicación colectiva.
El concepto burocrático de audiencias en la Cuarta Transformación
En el mejor de los casos cuando el presidente, sus ideólogos y sus funcionarios se refirieron al ejercicio del derecho de las audiencias éste fue interpretado en el sentido de otorgar entrevistas personales del Poder Ejecutivo con diversos miembros de la sociedad inconformes para hablar directamente entre el líder del Estado y los ciudadanos, con la finalidad de despejar algunas problemáticas existentes. Así, fueron demandas sociales de diversa naturaleza para abrir encuentros presenciales entre ambas partes con objeto de tener la oportunidad de conversar con el Primer Mandatario para tratar de rectificar alguna decisión, juicio, política o para atender ciertas peticiones urgentes de los habitantes no resueltas por los órganos de la administración pública.
Algunos ejemplos que ilustraron la práctica de esta concepción burocrático-política sobre la noción de audiencia gubernamental cobraron vida cuando en el Proyecto de Nación 2018-2024 los ideólogos de Morena propusieron que el Estado debe “diseñar una política energética por los ciudadanos y para los ciudadanos, mediante audiencias públicas y comités ciudadanos”.[3] O cuando el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, requirió públicamente una audiencia al primer mandatario, “para que escuche mi verdad”, pues el gobierno ejerció una persecución política en su contra.[4]. O cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó audiencia con AMLO para acordar mecanismos de colaboración en el combate a la corrupción y aclarar la visión que tenía el presidente en el sentido que los órganos autónomos eran una “farsa” y por eso su gestión los “purificaría”. El presidente respondió que se reuniría con todos ellos pues el derecho de audiencia era una garantía que tenían todos los ciudadanos.[5]
O también cuando se realizaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para enriquecer la iniciativa presidencial que propuso el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para realizar reformas constitucionales en el terreno educativo a los artículos 3°, 31° y 73° de la Carta Magna con el fin de revertir los cambios en materia magisterial que realizó el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013 y primordialmente contrarrestar el carácter punitivo contra los docentes, desapareciendo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.[6] O cuando Joaquín Muñoz, representante del cantante Juan Gabriel, acudió a Palacio Nacional para entregar dos cartas en las que pidió audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para invitarlo que fuera testigo de la ‘reaparición’ del artista y explicar los motivos por los cuales fingió su muerte el 28 de agosto de 2016.[7] O cuando un hombre de 79 años en abril de 2019 se “crucificó” afuera de Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle que por apoyarlo políticamente en 2016 perdió todo su patrimonio, su proyecto acuícola, su rancho, su casa que fue quemada y mataron a su mujer, y sin embargo, el presidente no lo había recibido personalmente,[8] etcétera.
Por si fuera poco, esta notable negligencia política sobre los derechos comunicativos, incongruentemente, en lugar de impulsar los Derechos de las Audiencias para fortalecer la construcción de la democracia comunicativa en el país, que era una añeja demanda insatisfecha por el Estado mexicano; el Poder Ejecutivo decidió extender los espacios de comunicación del sector clerical en el espacio público que la participación de los ciudadanos.
Así, violando la esencia histórica del Estado laico, prefirió anunciar la reforma al artículo 16° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con la intensión de entregar concesiones de medios de comunicación, especialmente estaciones de radio y televisión a las iglesias, particularmente cristiano luteranas. Esto con objeto de “formar parte de una política mediática encaminada a promover los ´valores éticos´ en la sociedad, reforzando la Constitución Moral cuyo eje es el amor a la familia, al matrimonio, a la patria y a la naturaleza. Todo lo cual era bíblico”.[9]
Mediante ello, el Estado mexicano de corte morenista optó por fortalecer los intereses particulares de los núcleos confesionales, marginando las garantías comunicativa ciudadanas que habían quedado desamparadas durante casi un siglo.
Ciudadanos sin Derechos de Audiencias
Esta asombrosa miopía gubernamental o desinterés político activo a lo largo de la nueva administración pública con el lema “No Somos Iguales”, confirmó contundentemente que el gobierno morenista prefirió tener individuos sin garantías de audiencias para que actuaran como súbditos informativos en su sexenio y como no ciudadanos con derechos participativos que contribuyeran a edificar la otra sociedad comunicativa más civilizada que demanda el país en el nuevo milenio. Así, se prefirió conservar los intereses neoliberales heredados del viejo modelo oligopólico de comunicación-mercado y del antiguo arquetipo de la propaganda oficialista de los canales de Estado y no avanzar en la creación de un prototipo de comunicación de servicio público que tendría que ser el corazón del proyecto de comunicación de la verdadera Cuarta Transformación de la República.
Debido a ello, el auténtico Derecho de las Audiencias de la población fue alcanzado a través la participación de los individuos mediante las redes sociales digitales, pues les permitió interactuar libre, plural, ágil, veloz y horizontalmente para replicar todos los mensajes con los que no coinciden y no a través de los medios de difusión públicos.
En suma, la restauración de los Derechos de las Audiencias es un mandato constitucional que debe cumplir el Estado mexicano y no sepultarlos; pues de lo contrario en términos comunicativos la Cuarta Transformación de la nación mexicana se convertirá en un proyecto de transformación de cuarta categoría histórico-social.
Referencias
