Leticia Bonifaz Alonzo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) afirmó que el trabajo diario de juezas y jueces demuestra que existe una independencia judicial; sin embargo, puntualizó que el riesgo está en tratar de subordinar y pedirle una rendición de cuentas individual a actores específicos que no constituyen todo el Poder Judicial.
Subrayó que la relación Ejecutivo-Judicial tiene que existir y habló sobre el ataque que se hace a la construcción de un sistema institucional contenido dentro de la Constitución.
Preocupa un sistemático ataque generalizado a los jueces, porque es diferente la crítica que uno puede hacer a un juez en particular, a estar sistemáticamente atacando a quien tiene formación, designación y sistema de carrera judicial, lo que hace que garantice su independencia, arguyó.
Dijo que a partir de que se publique la norma, corre el plazo para una controversia constitucional y aquí existen tres escenarios posibles:
- Que los ministros interpreten si el Transitorio es constitucional o no;
- Que la Cámara de Diputados con el 33 por ciento se vaya a lo que la Corte decida, y
- Que no suceda nada de esto y se llegue al primer día hábil del 2023 y se convoque a la elección del nuevo presidente porque se acabó el periodo para designar al ministro Saldívar.
Se debe pensar en los efectos locales
Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que los tribunales constitucionales están cumpliendo 100 años este año, y los argumentos que llevaron a la formación de los mismos eran esencialmente la supremacía de la Constitución en la llamada pirámide de las leyes, la inviolabilidad de la Constitución y la rigidez constitucional en cuanto a su reforma.
Indicó que el hiperpresidencialismo mexicano viene desde 1917, fue explicable en su momento, pero es inadmisible en el nuestro.
Es necesario pensar en los efectos locales que puede tener dentro de nuestro propio país esta retórica y esta ofensiva al sistema judicial porque el caciquismo no ha sido desterrado de nuestro país.
Reforma al Poder Judicial busca diluir división de poderes
Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, comentó que la reforma al Poder Judicial es una violación sumamente grave a la Constitución.
Los ciudadanos debemos contar con la garantía de que los jueces, federales y locales, actúen con independencia, autonomía y libertad, subrayó.
La división de poderes obedece a un tema de contrapesos, el cual se está pretendiendo diluir.
Los mensajes que se reciben por parte del Ejecutivo son preocupantes porque se amenaza a los jueces y abogados para cumplir con sus tareas, mandando una señal equivocada que pone en tela de juicio la independencia de la Suprema Corte, apuntó.
Manifestó que es preocupante y delicada la situación que enfrentan los jueces, pues los fundamentos del Estado de derecho están cimentados en el respeto, la protección de los derechos humanos y la división de poderes.
