El ministro Aguilar presentó su propuesta de anular en México la prisión preventiva oficiosa, al considerar que es desproporcionada, violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos; el proyecto plantea que las fiscalías justifiquen ante el juez por qué un imputado debe permanecer en la cárcel.
Juan Luis González Alcántara se pronunció sólo por declarar inconstitucionales las leyes que ampliaron el catálogo de delitos que merecen esta medida.
La prisión preventiva automática basada únicamente en condiciones genéricas resulta violatoria de los derechos humanos del imputado, viola la presunción de inocencia, argumentó el ministro.
No es la solución
En tanto, la ministra Yasmín Esquivel hizo un llamado al tribunal pleno a escuchar la voz de las víctimas y advirtió que el máximo tribunal del país no tiene facultades para no aplicar la Constitución. Además -apuntó-, eliminar la prisión preventiva oficiosa, no es la solución a los problemas de inseguridad que enfrenta el país.
Me pronuncio a favor de preservar la prisión preventiva oficiosa y no estoy de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despoje al Estado mexicano de la potestad para determinar bajo qué casos y qué condiciones pueden restringirse los derechos.
La ministra Loretta Ortiz, por su parte, reconoció que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva debe ser limitada y justificada; empero, anotó que la Suprema Corte no puede dejar de aplicar la Carta Magna.
El ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció por invalidar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, pero en contra de inaplicar esta medida plasmada en la Constitución.
Será este martes cuando el máximo tribunal del país continúe con el debate del proyecto del ministro Aguilar Morales sobre la anulación de la prisión preventiva oficiosa en México.
