Cuatro estados abrieron esta semana en un tribunal federal de California, el juicio más consecuente en la historia de Meta: no por lo que sus usuarios publican, sino por cómo la empresa diseñó Facebook e Instagram para mantener enganchados a los menores. Es el capítulo central de una ofensiva legal de 29 estados que ya le costó a la compañía casi mil millones de dólares este año, y que expertos comparan con el litigio que doblegó a la industria tabacalera, en los años noventa.
Cuauhtémoc Valdiosera*
Un juicio distinto al de la FTC
Conviene precisar, antes de entrar en materia, que este caso no tiene relación con la demanda antimonopolio que la Comisión Federal de Comercio perdió contra Meta en noviembre de 2025, por las adquisiciones de Instagram y WhatsApp. Se trata de un litigio enteramente distinto, con otro fundamento legal, otro tribunal y otro objetivo: No busca desmantelar la corporación, sino obligarla a rediseñar sus productos y a pagar por el daño que —según la acusación— causó deliberadamente a millones de menores de edad.
El pasado martes 18 de agosto comenzaron los alegatos de apertura en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en Oakland, ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers —la misma que meses atrás presidió la demanda de Elon Musk contra OpenAI—. Cuatro fiscalías estatales, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, encabezan el litigio como caso de referencia (“bellwether”) de una coalición bipartidista de 29 estados que demandó a Meta en 2023.
Antecedentes: Tres años de acumulación de evidencia
La demanda original data de octubre de 2023, cuando decenas de fiscales generales, de ambos partidos, acusaron conjuntamente a Meta de construir de manera deliberada funciones psicológicamente manipuladoras —el desplazamiento infinito (“infinite scroll”), las notificaciones push, los conteos públicos de “me gusta” y algoritmos de recomendación diseñados para maximizar el tiempo de uso— con el fin de capturar la atención de niños y adolescentes y monetizarla mediante publicidad.
El caso se integró a un litigio multidistrital (MDL) que hoy agrupa más de 2,400 demandas activas presentadas por particulares, distritos escolares y fiscalías estatales de 42 estados.
Ese entramado legal ya produjo precedentes decisivos antes de que arrancara el juicio de Oakland. El 24 de marzo de 2026, un jurado en Santa Fe, Nuevo México, halló a Meta responsable de violar la ley de protección al consumidor de ese estado y de exponer a menores a depredadores sexuales, y ordenó el pago de 375 millones de dólares; en agosto, en la segunda fase del mismo caso, un juez impuso 567 millones adicionales para financiar un fondo de reparación y una serie de reformas obligatorias en Facebook e Instagram, con lo que la factura total de Meta en Nuevo México ascendió a 942 millones de dólares.
Un día después de aquel veredicto de marzo, un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y a YouTube, de Google, a pagar 6 millones de dólares a una joven de veinte años que alegó haberse vuelto adicta a ambas plataformas durante su infancia. Fue la primera vez que un jurado estadounidense determinó, en un caso individual, que el diseño de una red social —y no solo su contenido— podía generar responsabilidad civil.
Meta construyó productos que sabía que alimentarían la adicción, profundizarían una crisis de salud mental juvenil y expondrían a los niños a la explotación sexual, y luego mintió a los padres y a los legisladores sobre el peligro, declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, tras el fallo de agosto.
Lo que se litiga en Oakland
El caso californiano reúne dos frentes de acusación. El primero, de fondo consumerista, sostiene que Meta engañó al público sobre la seguridad de Instagram y Facebook, ocultando lo que sabía internamente sobre los efectos de sus aplicaciones en la salud mental adolescente. El segundo invoca la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), y acusa a la empresa de recolectar de forma rutinaria datos de menores de trece años sin el consentimiento de sus padres.
Los estados piden alrededor de 200 mil millones de dólares en daños, aunque Meta ha reconocido en escritos legales que, bajo ciertos cálculos de penalización por infracción, la exposición teórica podría escalar hasta 1.4 billones de dólares —una cifra cercana a la capitalización bursátil completa de la compañía—.
El juicio, que se prevé dure alrededor de seis semanas, tiene una arquitectura procesal particular: un jurado de ocho personas emitirá un veredicto de carácter asesor, pero la determinación final sobre si Meta es legalmente responsable recaerá en la jueza Gonzalez Rogers, quien también decidiría, en caso de un fallo adverso a la empresa, qué cambios de diseño ordenar en sus plataformas.
Entre los testigos previstos figuran Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, y Arturo Béjar, un exingeniero de producto de Meta convertido en una de las voces más citadas del movimiento por la seguridad infantil en línea, cuyo testimonio la empresa intentó bloquear sin éxito.
La estrategia de la acusación: Diseño, no contenido
A diferencia de litigios anteriores contra redes sociales, que solían tropezar con la protección que ofrece la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones —la norma que exime a las plataformas de responsabilidad por lo que publican sus usuarios— y con las garantías de la Primera Enmienda, la estrategia legal de los estados evita deliberadamente impugnar el contenido que circula en las plataformas.
En cambio, se concentra en las decisiones de ingeniería de producto: El desplazamiento infinito, el algoritmo de recomendación y el botón de me gusta, se presentan como decisiones de diseño comparables a un defecto de fabricación, no como expresión protegida. Es el mismo razonamiento jurídico que, según juristas citados por medios estadounidenses, dificulta separar con nitidez lo que es diseño de lo que es contenido, un punto que se anticipa como uno de los más disputados del juicio.
La defensa de Zuckerberg y sus ejecutivos
Meta ha construido su defensa sobre tres ejes. El primero niega el vínculo causal: la empresa sostiene que la evidencia científica disponible no establece una relación clara entre el uso de redes sociales y el deterioro del bienestar adolescente, y que buena parte de la acusación descansa en diferencias de opinión sobre cómo comunicar mejoras ya implementadas, no en daños comprobados. El segundo eje exhibe las medidas de protección ya existentes: las llamadas “Cuentas para Adolescentes”, que limitan por defecto quién puede contactar a menores de dieciséis años y qué contenido pueden ver, además de sistemas de inteligencia artificial que identifican a usuarios sospechosos de ser menores para aplicarles esas protecciones automáticamente.
El tercer eje, más político que jurídico, cuestiona la motivación de la coalición estatal: La empresa ha calificado la demanda de desproporcionada, argumentando que los fiscales generales no logran probar que algún residente concreto fuera engañado, que se penalizan funciones benignas —como la posibilidad de tener una cuenta adicional de Instagram— y que se pretende responsabilizar a Meta por desafíos que enfrenta toda la industria, como la verificación de edad. En el juicio de Oakland, el abogado de la empresa, Paul Schmidt, sostuvo en sus alegatos iniciales que gran parte de la disputa refleja desacuerdos sobre el ritmo y la forma de las mejoras que la compañía ya está aplicando, más que evidencia de daño deliberado.
Ese argumento, sin embargo, llega debilitado por los precedentes recientes. En el juicio de Nuevo México, documentos internos revelados en el proceso mostraron que empleados de Meta advirtieron a sus directivos sobre riesgos de seguridad infantil años antes de que la empresa actuara, y que la decisión de Zuckerberg de cifrar de extremo a extremo los mensajes de Messenger en 2019 dificultó, según fiscales, la capacidad de detectar y reportar millones de casos de material de abuso sexual infantil. A mitad de aquel juicio, Meta anunció que dejaría de ofrecer cifrado de extremo a extremo opcional en los mensajes directos de Instagram.
¿Puede este juicio afectar realmente a la corporación?
La respuesta corta es que ya lo está haciendo, aunque no en la escala que sugieren los titulares sobre 1.4 billones de dólares. Meta reportó en su más reciente trimestre una inusual caída de utilidades, atribuida en parte a 2,400 millones de dólares en gastos legales, y sus propios aseguradores comerciales —incluida Hartford Casualty— obtuvieron en marzo de 2026 un fallo de una corte de Delaware que los exime de cubrir estas demandas, al considerar que los daños derivan de decisiones de diseño intencionales y no de negligencia ordinaria. Eso significa que cualquier condena recae directamente sobre el balance de la empresa, sin el amortiguador habitual de una póliza de responsabilidad civil.
El riesgo financiero inmediato, no obstante, parece manejable frente al tamaño de Meta: los 942 millones de dólares de Nuevo México representan una fracción menor de los cerca de 60 mil millones de dólares de utilidad neta que la empresa reportó en 2025, y el mercado ha reaccionado con relativa indiferencia a cada veredicto individual. El verdadero riesgo, coinciden analistas como Minda Smiley, de Emarketer, no es el monto de un solo juicio, sino el efecto acumulativo: la empresa enfrenta miles de demandas simultáneas —2,400 solo en el litigio multidistrital federal, más las 25 fiscalías estatales de la coalición que aún no han ido a juicio— y cada nueva derrota erosiona su posición negociadora en las siguientes.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, advirtió que un fallo adverso en California podría ser lo bastante descomunal como para cambiar la capacidad de la empresa para financiar sus planes de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, en un momento en que Meta ya enfrenta presión de los inversionistas por el tamaño de ese gasto de capital.
A ese frente estadounidense se suma la presión regulatoria europea: en abril de 2026, la Comisión Europea emitió conclusiones preliminares de que Instagram y Facebook incumplen la Ley de Servicios Digitales al no impedir el acceso de menores de trece años, con multas potenciales de hasta el 6 % de la facturación mundial anual de Meta —unos 12 mil millones de dólares— más sanciones periódicas adicionales si la empresa no corrige la situación.
El posible desenlace y su efecto en otras redes digitales
El desenlace más probable en Oakland, según juristas consultados por medios estadounidenses, es una victoria parcial o total para los estados: la compañía ya perdió dos precedentes directos este año —el de Nuevo México y el de Los Ángeles— y enfrenta un tribunal presidido por una jueza que ya rechazó sus intentos de excluir testigos clave. Si Gonzalez Rogers determina responsabilidad, Meta ha señalado que apelará, potencialmente hasta la Corte Suprema, lo que podría prolongar la resolución definitiva del caso durante años, incluso mientras se ejecutan cambios de producto ordenados en el ínterin, como ya ocurre en Nuevo México.
El efecto sobre el resto de la industria digital es, en todo caso, ya visible y no depende del resultado final. Al ser un caso de referencia (“bellwether”) dentro de un litigio multidistrital que involucra también a Google, TikTok y Snap, cualquier hallazgo de responsabilidad en Oakland sentará un patrón argumentativo replicable contra esas plataformas rivales, que enfrentan acusaciones estructuralmente idénticas sobre diseño adictivo.
De hecho, YouTube ya comparte condena en el caso de Los Ángeles junto con Meta. Un primer juicio consolidado de distritos escolares contra las cuatro compañías, programado para el verano de 2026, terminó en acuerdos extrajudiciales antes de llegar a juicio, lo que sugiere que la industria completa prefiere negociar salidas privadas antes que arriesgarse a un segundo precedente público como el de Nuevo México.
La comparación con el litigio tabacalero de los años noventa, que empezó a circular entre abogados y académicos desde el arranque del juicio, no es meramente retórica: Aquella ola de demandas estatales tampoco desapareció a las grandes tabacaleras, pero rediseñó permanentemente su forma de operar, obligándolas a advertencias obligatorias, restricciones de mercadotecnia y fondos de compensación perpetuos.
Para las redes sociales, el paralelo sugiere un desenlace similar: No la desaparición de Meta ni de sus competidores, sino una reconfiguración regulada y permanente de cómo diseñan la experiencia de sus usuarios más jóvenes, con Oakland como el primer gran tribunal en fijar los términos de esa transformación.
