Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en OTROS ÁMBITOS DE LA VIDA PÚBLICA, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción SIGUEN TAN VIGENTES COMO ANTES, solo con nuevos rostros y beneficiarios.
MCCI*
En los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno. Ello nos obliga a hacer una clasificación que facilite su comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables. En este “sexenario de la corrupción”, hemos agrupado los casos que registramos en seis grandes categorías: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones, así como conflicto de intereses. Cada una de estas categorías refleja no sólo los patrones que han persistido en el gobierno actual, sino también la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, ahora disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.
A continuación, presentamos un recuento breve —pues para hablar detalladamente de cada caso requeriríamos varios cientos de hojas— pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción que sucedieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Justicia discrecional
Una de las formas más efectivas de controlar la corrupción es abatir la impunidad. Un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar actos de corrupción no sólo permite recuperar los recursos desviados, sino también modificar las condiciones que permitieron estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.
Sobornos, moches y enriquecimiento ilícito
El soborno, los moches (la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores) y el enriquecimiento ilícito son tres actos de corrupción que implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos. En los últimos seis años, están documentados casos que involucran a todas las fuerzas políticas.
Desvío de recursos públicos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado las graves irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127 mil millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción. Uno de los casos más emblemáticos de este sexenio, tanto por la cantidad desviada como por la impunidad con la que operó, es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), documentado por MCCI desde 2020.
Corrupción electoral
El último tramo de un escándalo de corrupción es cuando el dinero desviado entra al sistema electoral para generar una ventaja indebida para cierto grupo político. Estudios en sexenios anteriores estiman que por cada peso legalmente reportado a las autoridades, las campañas electorales gastaron en realidad otros 25 por debajo de la mesa. Esta dinámica no fue diferente en el sexenio que recién acabó.
Ejercicio abusivo de funciones
Las irregularidades cometidas por quienes estuvieron en el poder durante esta administración generaron beneficios para sí mismos o para sus grupos políticos. Darle la vuelta a la ley, operar al margen de las reglas y abusar de las funciones públicas son algunas de las estrategias que aplicaron en beneficio propio y en desmedro de la calidad de servicios públicos que recibe el resto de la sociedad. Este tipo de abuso de poder no sólo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también obstaculizan el bienestar de las personas.
Conflicto de interés
El conflicto de interés se convierte en un acto de corrupción cuando la decisión que toma el funcionario de gobierno es en beneficio propio o de los suyos y en contra del interés público.
Revisa nuestro sexenario completo
