En 2026, la corrupción se aborda desde una estrategia de centralización y fiscalización directa, pero la realidad muestra una preocupante laxitud en los controles administrativos.
Bernardo Méndez Lugo*
El populismo en México no es un fenómeno homogéneo, sino un péndulo histórico que oscila según las necesidades del Estado. Al comparar el régimen de Lázaro Cárdenas (1934-1940) con el populismo de la Cuarta Transformación en 2026, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, los conceptos de honestidad, ética y corrupción emergen como ejes centrales de legitimidad política.
Ambos periodos fundan su narrativa en una “pureza moral” destinada a redimir al pueblo frente a las élites previas.
Sin embargo, la manera en que estos valores se institucionalizan y quiebran, en la práctica revela dos proyectos de nación profundamente distintos.
En el cardenismo, la honestidad fue entendida como un ejercicio de austeridad republicana y sacrificio revolucionario.
Lázaro Cárdenas construyó su autoridad moral mediante actos simbólicos contundentes: redujo su salario y renunció a la opulencia de Chapultepec. Su honestidad personal validaba una ética pública de corte institucional.
Para Cárdenas, el imperativo ético era subordinar las voluntades individuales a la consolidación de un Estado fuerte y centralizado. La moralidad no era un fin en sí mismo, sino el vehículo para edificar las instituciones, los sindicatos civiles y los partidos que darían estabilidad al México del siglo XX.
Por el contrario, en 2026, la honestidad se ha convertido en el eje doctrinario absoluto y en el principal activo de gobernabilidad. La narrativa oficial sostiene que la honestidad personal de los gobernantes y la austeridad presupuestal son condiciones suficientes para erradicar los males estructurales de la nación.
No obstante, esta visión reduce la ética pública —que debiera ser un sistema de contrapesos, leyes e indicadores técnicos— a una cualidad moral del Ejecutivo.
Mientras el cardenismo utilizaba la moral para fundar instituciones, el populismo de 2026 utiliza la bandera de la honestidad para justificar la centralización del poder, modificando de raíz el andamiaje del viejo Sistema Nacional Anticorrupción y absorbiendo las funciones reguladoras de los organismos autónomos.
Preocupante laxitud en los controles administrativos
Esta divergencia conceptual se refleja con nitidez en la naturaleza de la corrupción de ambos periodos. Durante el cardenismo, la corrupción tuvo un carácter corporativo y clientelar.
Para pacificar el país y asegurar la lealtad de las masas, el Estado otorgó cuotas de poder y recursos a líderes de la CTM y la CNC, quienes manejaban plazas, tierras y contratos de forma discrecional.
La corrupción era el “aceite” que permitía funcionar a la maquinaria institucional; se administraba la componenda en favor de la estabilidad social.
En 2026, la corrupción se aborda desde una estrategia de centralización y fiscalización directa, pero la realidad muestra una preocupante laxitud en los controles administrativos. El uso de las asignaciones directas en megaproyectos de infraestructura se ha convertido en una política de Estado, amparada en decretos de seguridad nacional.
Asimismo, la administración de la obra pública ha dado un giro radical al saltarse la estructura burocrática civil y otorgar un papel protagónico al ejército.
Con un presupuesto para la Defensa Nacional que ronda los 170,753 millones de pesos —equivalente a casi el 10% del gasto administrativo total—, los ingenieros militares no solo construyen, sino que operan aeropuertos, aduanas y la red ferroviaria comercial de pasajeros.
En conclusión, la evolución del populismo mexicano demuestra que la moralización de la vida pública puede convertirse en la coartada perfecta para la opacidad.
Mientras Cárdenas encauzó su autoridad en un andamiaje institucional civil que sobrevivió décadas, el populismo contemporáneo de 2026 ha suplantado la legalidad procedimental por una fe ciega en la honestidad del gobernante, delegando el patrimonio estratégico del país a una cúpula militar sin contrapesos.
Al blindar las asignaciones directas bajo el velo de la seguridad nacional, el régimen actual no ha eliminado la corrupción; simplemente la ha centralizado, tecnificado y sustraído del escrutinio público, corriendo el peligro de consolidar un Estado autoritario y opaco donde la pureza discursiva sirve para enmascarar la total discrecionalidad del poder.
