Mary Sandoval*
La administración de Manuel Andrés López Obrador se ha caracterizado por ser un gobierno que se impone, aún a costa de la propia Ley; un gobierno unipersonal, con claros tintes dictatoriales, donde la corrupción es el pan de cada día.
Las obras faraónicas de López Obrador (Aeropuerto Santa Lucia, Refinería Dos Bocas Tabasco y Tren Maya) son los juguetes que destruyen a México. Empero, al Mesías trasnochado le irrita que le critiquen por esas obras, por lo que ahora sacó un acuerdo que dice que todo lo relacionado a sus juguetes y demás obras sexenales, serán resguardados por seguridad nacional.
¿Qué implica ser seguridad nacional?
Consiste en que la sociedad, como el conjunto, tenga las condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder vivir y prosperar en paz. Las amenazas pueden estar latentes en el entorno en donde vivimos, y para alcanzar una mayor seguridad nacional, cada sociedad debe elaborar una política de defensa.
Se refiere a a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país, así como a los recursos y estrategias para conseguirla.
En los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se dice que:
Art. 3: Para efectos de esta ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conllevan a:
- La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.
- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
- El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional.
- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
Art. 4: La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.
Art. 5: Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
- Actos tendentes a consumar espionaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional.
- Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.
- Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
- Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
- Actos en contra de la seguridad de la aviación.
- Actos que atenten en contra del personal diplomático.
- Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.
- Actos ilícitos en contra de la navegación marítima.
- Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
- Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.
- Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Después de lo anterior, pregunto: ¿Consideran que el acuerdo del prófugo de López, realmente es para proteger la seguridad nacional o sólo sus caprichos?
Quizá debemos ver primero el porqué AMLO tomó semejante decisión, que a todas luces es el ocultar todos los actos de corrupción que imperan en sus obras insignias.
La SEDENA y Santa Lucía
La piedra en el zapato de Manuel Andrés López Obrador es Carlos Loret de Mola. En el canal de YouTube de Latinus, el periodista ha sacado reportajes donde se pone al descubierto la corrupción que
impera en el gobierno de la 4T, desde la penosa entrega de bolsas de dinero a Pío López Obrador, hasta lo que está pasando en la central avionera de Santa Lucía y las demás obras insignias del remedo de presidente.
Un negocio de renta de juegos inflables resulta que es proveedor de tractocamiones. Su domicilio no existe. Una pequeña tlapalería en la Colonia Tacuba, en la Ciudad de México, recibió contratos por 77 millones de pesos. Supuestamente suministró medio millón de piezas: cisternas, material hidráulico, mangueras.Una compañía recibió ocho contratos, dos semanas después de ser investigada por desviar 29 millones de pesos en caminos que nunca hizo. Otra empresa rentó maquinaria pesada. Le dieron 19 millones de pesos en contratos. En la dirección que puso como sede no hay rastro, ni de oficinas ni del dueño, que es un policía municipal.
Estas y otras linduras
Descubrió la reportera Isabella González, de Latinus, al revisar 966 contratos que otorgó el Ejército para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia.
En cada oportunidad, dentro de sus circos mañaneros, López Obrador insulta y critica a Loret de Mola pero no lo confronta, y tampoco niega o acepta lo que el periodista presenta en sus reportajes.
El decretazo
Como venganza después de la exhibida que le dio Carlos Loret de Mola, López Obrador lanza el decreto donde se oculta todo lo relacionado a sus juguetes.
El acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional (…):
Art. 1: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo
del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones,
telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Art. 2: Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la
autorización provisional a la presentación y/u obtención de los permisos, dictámenes o licencias
necesarias para iniciar los proyectos y obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar
su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
Art.3: la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Transitorios:
Primero: el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente acuerdo, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Este acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre pasado y lo firmaron el Ejecutivo Nacional y los sumisos miembros del gabinete.
Las consecuencias del decretazo obradorista
Sabemos que este acuerdo de López es una forma de ocultar sus corruptelas. López Obrador arguye que es para que nuestros adversarios, que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras. Según dice que no es por transparencia pero, irónicamente, cuando lo confrontan y le muestran pruebas de que hay corrupción, desacredita a quienes le dicen la verdad. Como lo dijo Ricardo Alemán en un artículo, y le concedo la razón, por decreto, AMLO oculta la ratería de su gobierno y así lo hará durante el tiempo que dure en el poder.
La clasificación de las obras como asunto de seguridad nacional podría otorgar trato asimétrico y preferente, advirtió la Cofece. (…) Dijo que el “blindaje” del gobierno federal de sus proyectos y obras de infraestructura generaría posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.
De acuerdo con el regulador, el acuerdo generaría un régimen regulatorio asimétrico en función de quien realiza los proyectos y obras que, conforme al mismo, se consideren de interés público y seguridad nacional, lo que podría implicar tratos preferenciales en detrimento de la competencia. (Forbes, 24 de noviembre del 2021).
En resumidas cuentas
Se sabe que este acuerdo solo va a beneficiar a los cuates del presidente y a los de su gabinete, porque sin necesidad de licitación, se les dará los contratos, y esa información será de “seguridad nacional”; por lo que ya no sabremos nada de la obra.
Si bien un proyecto que sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (Forbes, 24 de noviembre del 2021).
Las consecuencias que ocasionará el decretazo de López serán graves, tanto en lo económico, social y político, pero sobre todo, acentuará la crisis de ingobernabilidad que hay.
Conclusiones
Muchos decimos que es un decreto el que sacó López, otros que es un acuerdo. La diferencia entre uno y otro es que: El acuerdo es el convenio celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo de la Administración Pública Federal, estatal o municipal. AMLO hizo una imposición.
El decreto es una resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el Poder Legislativo. Al interior del Congreso, el decreto contiene un proyecto de ley aprobado por el pleno de una o ambas cámaras.
Así que el famoso decretazo en donde López Obrador señala que sus obras insignias y demás proyectos sean de interés público y de seguridad nacional, técnicamente es solo un acuerdo y no un decreto. Empero, como al tabasqueño no le gusta que lo cuestionen, busca recovecos en la ley y en sus facultades como mandatario, para ocultar la corrupción, que se ha enseñoreado en su Gobierno.
*Articulista invitada: Egresada de la licenciatura en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Una de mis pasiones es el periodismo de opinión/La Centinela Política/
